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Aspecto de los terrenos, ubicados en las zonas sin edificar entre El Cónsul y Puerto de la Torre. / ANTONIO SALAS
La ubicación del macrohospital obligaría a rediseñar la zona
'NUEVO CARLOS HAYA'

La ubicación del macrohospital obligaría a rediseñar la zona

El proyecto que tramita Urbanismo, en coordinación con la Junta, para construir cinco mil viviendas tendría que reelaborarse por completo

J. HINOJOSA

Jueves, 19 de marzo 2009, 03:00

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La ubicación del macrohospital en la zona denominada Lagar de Oliveros, entre Puerto de la Torre y El Cónsul, que ha propuesto la Junta de Andalucía, plantea varios interrogantes que deberán resolverse con el diálogo entre la Administración regional y el Ayuntamiento. En el equipo de gobierno ha causado desconcierto el anuncio porque para el referido ámbito se está tramitando un proyecto que supondría la construcción de cinco mil viviendas, de las que unas 3.100 serían de protección oficial. La actuación cuenta ya con varias aprobaciones por parte del Consistorio, que incluso llegó a consensuarla con el consejero de Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Espadas, en una reunión a finales de junio del año pasado.

Sin embargo, el asunto se ha quedado enquistado desde entonces en unos reparos de la Agencia Andaluza del Agua, dependiente de la Consejería de Medio Ambiente, que exigió al Ayuntamiento la delimitación exacta de unos arroyos que atraviesan los terrenos. Los estudios para determinar el deslinde de esos arroyos aún no están finalizados, por lo que el proyecto se encuentra la espera de que acaben.

No obstante, de seguir adelante la propuesta lanzada el martes por la Junta, toda la ordenación que ya se había diseñado para los suelos de Lagar de Oliveros y Soliva Oeste tendría que ser cambiada por completo, lo que supondría empezar de nuevo con los trámites.

En ese sentido, se abren ahora varias incógnitas sobre cómo podrían tener o no cabida las 20 hectáreas que necesita el macrohospital en unos suelos que suman unas 130 hectáreas y no 180 como informó el presidente de la Junta, Manuel Chaves. Lo que está claro es que habría que rehacer el plan de urbanización que el Ayuntamiento ha acordado con los propietarios de los terrenos, una decena, aproximadamente, entre los que se encuentran Noriega y Cajamar, entre otras empresas.

A la espera

El concejal de Urbanismo, Manuel Díaz, dijo ayer que están a la espera de recibir una propuesta más concreta de la Junta para estudiar el asunto. No obstante, recordó que el propio plan metropolitano del Gobierno andaluz prevé un uso residencial para los suelos, mayoritariamente para VPO, por lo que el anuncio del martes ha causado «desconcierto», apuntó.

Con todo, si el Ayuntamiento acepta finalmente que éste sea el emplazamiento del nuevo centro sanitario que pretende construir la Junta, lo primero que tendrían que hacer ambos es ponerse de acuerdo con los dueños de los suelos. Fuentes consultadas comentaron en ese sentido que una opción puede ser reagrupar las viviendas en edificios más altos, ya que lo diseñado hasta ahora para el lugar es planta baja más cuatro, con la excepción de algunos bloques que alcanzarían baja más seis. No obstante, esto podría no ser compatible con la topografía de los suelos que, por otra parte, están afectados por la huella sonora de hiperronda, que los bordea por el oeste. Debido a la presencia de esta vía y a lo abrupto de parte del sector, las viviendas diseñadas se han ceñido a las zonas en las que es posible edificar. De ahí que habría que elaborar un nuevo plan urbanístico para el lugar si hay que dejar sitio al hospital.

Por otro lado, al tratarse de unos terrenos privados, habría que sopesar cómo se obtendrían las 20 hectáreas necesarias para el nuevo centro hospitalario. En el plan aprobado por el Ayuntamiento se obtienen 140.000 metros cuadrados para equipamientos escolares, sanitarios y sociales que forman parte de las obligaciones de los promotores. Por lo tanto, el suelo del macrohospital sería un añadido que, de reservarse, únicamente podría obtenerse incrementando el número de viviendas a construir para compensar a los privados por el suelo que liberarían para el centro sanitario, y por la vía de la expropiación.

Con todo, esta última posibilidad tiene como inconveniente el elevado importe que supondría la compra de los terrenos para la Administración ya que, con el nuevo sistema de valoración de las expropiaciones, los precios de éstas se aproximan cada vez más a los precios reales del mercado.

Además, de no ser aceptada por los propietarios de Lagar de Oliveros y Soliva Oeste, la expropiación podría derivar en un litigio que llegaría a tardar entre tres y cinco años en resolverse.

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