Cae la primera obra ilegal en Marbella

Siete meses han pasado desde que la alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz, firmara la orden de derribo de ésta y otra promoción de viviendas en cumplimiento de un acuerdo entre la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento para la ejecución anticipada del Plan General de Aprobación Urbana (PGOU) de la ciudad. Será el primer planeamiento en 23 años, actualmente pendiente de una segunda aprobación provisional prevista para mayo.

Las términos de este singular pacto aprobado en julio del año pasado para desatascar el urbanismo estaban claros: el Consistorio podía empezar a conceder licencias en precario en base al futuro PGOU -que no entrará en vigor hasta fin de año- para no paralizar la ciudad pero a cambio debía ejecutar demoliciones de estructuras construidas ilegalmente y desocupadas -la Junta llegó a darle por escrito un listado ocho edificios que debían desaparecer al no haber terceros de buena fe afectados ni ser regularizables en el Plan General-. También la revisión de las licencias irregulares, a lo que el equipo de gobierno se resiste.

Pero el Ayuntamiento añadió unilateralmente otro requisito que restringió aún más el escenario de las posibles demoliciones: que la obra no tuviera licencia, ni siquiera una de las que los alcaldes del GIL concedían contra la ordenación y posteriormente eran anuladas por los tribunales. Con estas credenciales, en Marbella sólo habría dos promociones: la que comenzó a derribarse ayer y una segunda de seis viviendas adosadas en San Pedro Alcántara, en la urbanización Linda Vista y a cargo de la promotora Prosavi, pendiente también de que comience su reducción a escombros.

Zonas verdes

Ambas, además de ocupar zonas verdes según el PGOU vigente, no cuentan con licencia municipal, no se regularizan en el futuro planeamiento y están deshabitadas. La lista, por ahora, se quedará aquí. La alcaldesa, responsable en última instancia de aplicar la disciplina urbanística, ya ha advertido de que no habrá más demoliciones al margen de la de Las Chapas y la de San Pedro, que además fueron acordadas con los promotores, a los que se le dio licencia el pasado enero.

Defiende esta postura en evitar reclamaciones patrimoniales al Ayuntamiento. Alerta de que podría darse este caso en viviendas edificadas con licencia, aunque los tribunales las hubiesen anulado posteriormente. Mientras, la delegada provincial de Vivienda y Ordenación del Territorio, Josefa López, aunque valoró positivamente que se ejecute el derribo de una obra ilegal, la consideró «insuficiente y tardía». Recordó que dentro del acuerdo entre ambas administraciones la Junta informó de al menos ocho construcciones ilegales, desocupadas y cuya regularización no contempla el nuevo planeamiento urbanístico «que se ajustarían a los criterios consensuados para su demolición».

No se anduvo con rodeos e instó a la regidora en un comunicado a que promueva los derribos de estructuras ilegales, sin terceros afectados ni regularizables en el futuro planeamiento, que fueron señalados por el Gobierno andaluz. De paso, le reclamó que revise las licencias irregulares, otro de los puntos del acuerdo bilateral y que la alcaldesa prefiere dejar para cuando el Plan General entre en vigor, algo que el equipo de gobierno espera para finales de año una vez la Junta le dé el visto bueno.

En esta aprobación final jugará un papel crucial el entendimiento entre ambas administraciones, el Ayuntamiento y el Ejecutivo andaluz, que deben ponerse de acuerdo sobre las compensaciones para la regularización de las 18.000 viviendas ilegales que dejó el gilismo o sobre el medio millar que tras la primera aprobación no tienen visos de legalizarse.