LA detención del alcalde de Alcaucín, dos de sus hijas y otras diez personas constituye un nuevo episodio de supuesta corrupción urbanística por el que instituciones habrían sido utilizadas para el enriquecimiento fraudulento. Los delitos imputados distan de ser singulares, dado que los indicios acumulados por la Guardia Civil y la Fiscalía apuntan a que se beneficiaban de la construcción, mediante la concesión de licencias ilegales, de viviendas en suelo rústico de alto valor medioambiental. La implicación en los hechos del alcalde, el socialista José Manuel Martín Alba, pero también de un responsable del Servicio de Arquitectura de la Diputación, obliga a llegar hasta el fondo de la investigación ante la posible e inquietante porosidad de la actividad institucional ante la tentación delictiva. Una tentación que, como apuntan los sucesivos casos de corrupción detectados en nuestro país, se multiplicó en los años de la bonanza urbanística al calor de una reglamentación que concedía amplísimos poderes a los ayuntamientos y de una política demasiado laxa por parte de los partidos en la erradicación del fraude en sus propias filas. La decisión del PSOE de expulsar a todos los militantes que sean acusados en el curso de las investigaciones supone una respuesta tan ineludible como necesaria para desactivar los gritos de ánimo con que algunos vecinos de Alcaucín despidieron ayer a su alcalde cuando fue arrestado. Una actitud que no por minoritaria deja de reflejar la condescendencia social que dificulta la identificación de estas prácticas delictivas en toda su gravedad, como un mal que corrompe la democracia; pero que también proyecta la indiferencia partidaria ante las evidencias de las presuntas irregularidades, que en este caso tuvieron que ser denunciadas por organizaciones ecologistas.