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ANTERIOR CORPORACIÓN. La denuncia de la Fiscalía es un nuevo capítulo del enfrentamiento entre Pedro Pacheco y Pilar Sánchez. / L. V.
La fiscal investiga desvíos de dinero público sin justificar a constructoras de Jerez
PROVINCIA

La fiscal investiga desvíos de dinero público sin justificar a constructoras de Jerez

La alcaldesa Pilar Sánchez denunció, además de las contrataciones de Pacheco a dos amigos que ganaron más de 200.000 euros, irregularidades contables en la Gerencia de Urbanismo

SILVIA TUBIO

Lunes, 2 de febrero 2009, 03:59

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La denuncia de la Fiscalía Anticorrupción contra Pedro Pacheco y dos íntimos colaboradores y amigos del PSA por supuestos delitos de malversación de caudales públicos y falsedad en documento oficial no es el único quebradero de cabeza que en los próximos meses va a tener el ex alcalde jerezano. La exclusiva de LA VOZ ha servido para conocer una denuncia más amplia que la Alcaldía jerezana, pilotada por la socialista Pilar Sánchez, llevó el año pasado a la Fiscalía Anticorrupción y que implica directamente a la extinguida Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU); es decir, al último reducto de poder que tuvo Pacheco antes de abandonar la Corporación, con el pago de servicios supuestamente inexistentes a constructoras de la ciudad, que en 2008 se declararon en quiebra, dejando a centenares de trabajadores en la calle.

En la edición de ayer, este periódico adelantaba que la fiscal anticorrupción había denunciado a Pedro Pacheco por haber utilizado supuestamente fondos de dos sociedades -Emusujesa (empresa municipal de suelo) y Speed Festival, con capital social mayoritario en manos del Ayuntamiento- para contratar los servicios de dos compañeros de partido que, según los datos recabados por el Ministerio Público, nunca justificaron sus labores.

Pero estas diligencias que ya hay abiertas en el juzgado de Instrucción nº 3 de Jerez formaron parte en su origen de una denuncia más amplia de la actual Alcaldía, y que compromete a Pacheco y a su equipo en la GMU. Sin embargo, el Ministerio Público decidió desgajar el asunto de los supuestas contrataciones irregulares para que tuviera un desarrollo procesal independiente. Culminada la fase previa de investigación, que se ha traducido en una denuncia en firme, ahora el Ministerio Público está haciendo lo propio con el resto de la documentación que le ha facilitado el Gobierno local.

Servicios sin hacer

Esta segunda parte se refiere también a otra presunta malversación de dinero público, pero en este caso los beneficiarios serían tres constructoras jerezanas que se declararon en quiebra: Jerecom y dos firmas de las que se sospecha que en realidad fueron sucedáneas camufladas de la primera.

La información que está estudiando la Fiscalía indica que estas empresas facturaron trabajos encargados por la GMU, durante la anterior legislatura, que no se realizaron. Existe otro bloque relativo a facturas duplicadas, que supuestamente se cobraron por partida doble y un tercero, menos contundente, donde el Ayuntamiento no ha podido verificar qué servicios se prestaron a cambio de un dinero que cobraron las empresas que están ahora bajo sospecha.

Pero los indicios de delitos no se detienen aquí, la fiscal anticorrupción tiene en sus manos informes de los procesos de quiebra de las tres sociedades que indican posibles irregularidades fiscales y que, en realidad, las tres empresas son una sola: Jerecom.

Esas sospechas ya las tenían mucho de los trabajadores afectados por el cierre de Jerecom. El año pasado centenares de ellos se echaron a la calle para denunciar las extrañas maniobras de una constructora que había cerrado y proseguía su actividad bajo otras denominaciones sociales.

La alcaldesa Pilar Sánchez prometió en febrero una investigación profunda de las relaciones profesionales entabladas entre la GMU y Jerecom y al poco tiempo no escondió que ya se habían detectado algunos problemas. La denuncia que elevó a la Fiscalía es el resultado de esas pesquisas internas. Sin embargo, la fiscal anticorrupción aún no ha decidido si plantear denuncia, como en el caso de las supuestas contrataciones irregulares, o proponer el archivo por falta de indicios. Para ayudarse en las labores de recabar información, se está apoyando en agentes de la UDYCO.

Sueldos suculentos

Más adelantado está el caso de las colocaciones de amigos de Pacheco en dos empresas municipales. Además del ex alcalde están denunciados José López Benítez y Manuel Cobacho Márquez.

El primero ha sido delegado de Urbanismo durante la etapa de esplendor andalucista en Jerez. Según el Ministerio Público, Pacheco le pagó por trabajos de asesoramiento en Speed Festival 32.407 euros, repartidos en siete mensualidades de más de 4.600 euros que percibió entre marzo y septiembre de 2005.

Esa sociedad nació hace casi diez años para levantar un parque de atracciones, enfocado al mundo del motor, en los actuales terrenos de Ikea; un megaproyecto que nunca cristalizó y sólo sirvió para abocar a Speed Festival a la ruina y a las desavenencias entre miembros del Consejo de Administración como Unicaja y el propio Ayuntamiento.

López Benítez firmó un nuevo contrato dos meses después de acabar su relación con Speed Festival, por el cual percibió, según recoge la denuncia, 74.580 euros.

En este caso, el dinero salió de Emusujesa, y por trabajos que nunca justificó de consultoría y asesoría.

Por su parte, el otro denunciado, Manuel Cobacho, ex portavoz del PSA, recibió 99.846 euros a lo largo de dos años (desde febrero de 2005 hasta abril de 2007) como asesor de Pacheco en la empresa pública de suelo.

En total, 206.833 euros que salieron de las arcas públicas.

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