La jueza del 'caso Astapa' retomó ayer las declaraciones de los imputados en el marco de la presunta trama de corrupción en el Ayuntamiento de Estepona. La titular del juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de la localidad imputó un presunto delito de cohecho a los cuatro empresarios que comparecieron ayer. A uno de ellos le atribuyó además el presunto delito de blanqueo, según informaron fuentes judiciales.

Tras la declaración de los cuatro empresarios imputados, la jueza decidió no adoptar ninguna medida cautelar contra ellos. Éstos se incluyen dentro del grupo de 17 personas que a finales de septiembre fueron citadas a declarar ante los agentes de la Unidad de Delitos Económicos y Financieros (Udef) de la Policía Nacional. Sus declaraciones se produjeron en las dependencias de Estepona o de Madrid.

La jueza seguirá el próximo lunes 20 tomando declaración a más imputados. Cinco personas -que responden a las iniciales R.L.M., R.M.G., V.M.B., M.V.H.M. e I.C.F- comparecerán en esta ocasión ante la magistrada que instruye el caso. Entre ellas, se encuentran dos familiares de un concejal y un empresario local, Estos últimos fueron detenidos cuando se inició la 'operación Astapa', el pasado 17 de junio.

Tras las declaraciones de ayer, la lista de imputados en esta esta presunta trama de corrupción municipal se eleva a 49. Cuatro de ellos se encuentran todavía en prisión preventiva. Se trata del ex alcalde esteponero, Antonio Barrientos, el que fuera su jefe de gabinete de Alcaldía, José Flores, y los concejales del Partido Estepona (PES), José Ignacio Crespo y Manuel Reina.

En prisión

A Barrientos, Crespo y Flores se les imputan los presuntos delitos de cohecho, tráfico de influencias, malversación y blanqueo de capitales, mientras que en el caso de Reina se suma el presunto delito de fraude. Barrientos, Reina y Flores ingresaron en prisión el pasado 20 de junio, mientras que Crespo lo hizo un día antes junto a un técnico municipal que quedó en libertad el pasado 31 de julio tras pagar una fianza de 60.000 euros.

La Audiencia Provincial de Málaga ha rechazado en dos ocasiones la puesta en libertad de Barrientos argumentando que no han variado las circunstancias iniciales que provocaron su ingreso en prisión.