Nuevo giro de tuerca en la gestión del depósito de la grúa. El alcalde de Estepona, David Valadez, ha firmado un decreto en el que resuelve el contrato de la concesionaria del mismo, la empresa Rimasa 2003, SL. La mercantil prestaba desde el pasado enero este servicio mediante una prórroga después de que finalizara el periodo de concesión. Así las cosas, el Consistorio asumirá la gestión del mismo a partir del próximo 22 de octubre. «En la Junta de Gobierno Local celebrada el 29 de enero se llegó al acuerdo de que siguiera prestando el servicio, pero como es una prórroga, lo mejor es que se resuelva el contrato», justificó el primer edil.

La empresa comunicó el pasado 3 de octubre que dejaba de prestar este servicio por el impago de la cantidad que le adeuda el Consistorio, que según la mercantil, se eleva a más de 72.000 euros. Días después, la mercantil rectificó y manifestó que iba a continuar con la gestión del depósito.

Liquidación

Con todo, el representante de la misma, Jaime Rico, aseguró ayer que no abandonarán las instalaciones y que recurrirá a la vía judicial para defender sus derechos. Rico criticó además que el Consistorio haya adoptado esta decisión nueve meses después de que concluyera el contrato de gestión de este servicio.

No es el único aspecto en el que el Consistorio y la empresa discrepan. El departamento de Contratación estudia ahora esta reclamación presentada por la mercantil para liquidar la deuda por este servicio. Según indicó el alcalde los datos de Rimasa 2003, SL., no coinciden con los del Consistorio; si bien, aseguró que se le abonará la cuantía que estipulen los técnicos municipales.

Se da la circunstancia de que esta misma empresa es la concesionaria del servicio de la grúa; si bien, este contrato no expira hasta abril de 2009. Con todo, el primer edil anunció que se está ultimando el pliego de condiciones para licitar ambos servicios y que espera que en mayo esté operativa la nueva adjudicataria.

El procedimiento se licitación se interrumpió el pasado junio con el inicio de la 'operación Astapa'. La decisión se adoptó después de que el propietario de la mercantil Ausol Estepona 2000, S.L., -empresa propuesta por la mesa de contratación para adjudicar el servicio de depósito- fuese investigado en el marco de la trama por los presuntos delitos de cohecho, blanqueo y fraude fiscal.