Las inmigrantes clandestinas víctimas en España de explotación sexual tendrán un plazo de 30 días para decidirse a denunciar sin que «en ningún caso» se las pueda expulsar del territorio y recibirán apoyo legal y económico durante su deliberación, según el borrador del Plan Integral contra la Trata de personas que presentó ayer la ministra de Igualdad, Bibiana Aído.

Aunque aún está por precisar la cuantía económica que percibirán las víctimas durante este «periodo de reflexión» o el modo en que serán protegidas, Aído señaló: «El objetivo es que estén perfectamente atendidas y que se sientan con una mayor libertad para colaborar con la justicia en la persecución de los explotadores».

Aído, que se reunió ayer con representantes de ONG especializadas en la materia, adelantó además que las víctimas podrán recibir asistencia letrada gratuita con intérpretes en su idioma así como medidas especiales de protección tanto para las denunciantes como para sus testigos.

Inmediato

En paralelo, se desarrollarán campañas de sensibilización para que la ciudadanía entienda que «generalmente, las prostitutas son víctimas». Según las cifras del ministerio, el 90 por ciento de las prostitutas en España son extranjeras y apenas el cinco por ciento dice ejercer voluntariamente. Además, ocho de cada diez de estas mujeres han sido forzadas o víctimas de la trata de personas.

Según explicó, el Plan Integral, en el que comenzó a trabajar el Ejecutivo la pasada Legislatura, se plantea con un horizonte inicial de tres años y el objetivo de que sea aprobado antes de final de 2008 para su «entrada en vigor de forma inmediata». En el texto trabajan once ministerios, cada uno de los cuales elabora una memoria económica en las materias que le competen. La ministra aseguró que no van a faltar los recursos. Por otra parte, Aído aclaró que el plan no contempla ninguna medida sobre la presencia de anuncios de prostitución en los distintos medios, aunque reconoció que no son de su agrado.

Tras recoger las aportaciones de las organizaciones no gubernamentales, Igualdad transferirá el documento a la Representante Especial de la OSCE contra la trata de personas y lo remitirá a las comunidades autónomas, para su análisis en la próxima Conferencia Sectorial.