La memoria anual de la Fiscalía Superior de Andalucía dedica un capítulo entero al juez Francisco Javier de Urquía, separado del juzgado de Instrucción 2 de Marbella desde hace más de un año y condenado recientemente por cohecho y prevaricación. Precisamente este caso, y concretamente su fase de instrucción, centra 20 de las 253 páginas del informe, presentado recientemente al Parlamento andaluz.

El fiscal superior de Andalucía, Jesús María García Calderón, califica dicha instrucción de «minuciosa, rigurosa y exhaustiva», despejando cualquier duda sobre un procedimiento judicial, no exento de polémica. Se anticipa así al recurso de la defensa de Urquía contra la sentencia condenatoria. Según García Calderón la «importancia de este juicio exige conocer qué elementos pueden producir en el ánimo de un tribunal determinados prejuicios sobre la culpabilidad del acusado que lo inhabiliten para su enjuiciamiento». No hay que olvidar que la sentencia aún no es firme y que será el Tribunal Supremo el que tenga la última palabra.

Teniendo en cuenta que la mayor parte de la memoria son cuadros estadísticos no deja de sorprender la profusión con la que García Calderón, fiscal por otra parte del caso, detalla los distintos problemas a los que tanto el Ministerio Público como el TSJA tuvieron que afrontar hasta la celebración del juicio el pasado mes de julio, en el que Urquía compartía banquillo con el ex asesor urbanístico Juan Antonio Roca (también condenado) y el empresario marbellí Arnaud Fabrice A., finalmente absuelto.

Un caso «inusual»

«Aunque se trata de una actuación procesal de comienzos del presente ejercicio -la memoria de la Fiscalía hace referencia a 2007- parece oportuno transcribir el dictamen del Ministerio Fiscal», explica García Calderón en su exposición inicial.

El resto de los argumentos vienen a subrayar la «importancia de este juicio (...) ciertamente inusual» y a despejar toda duda sobre la instrucción, con irregularidades ya subsanadas. Entre ellas, la anulación de las escuchas telefónicas origen de la imputación, la dilación del proceso, el archivo del procesamiento por prevaricación al juez que las ordenó y la recusación a Augusto Méndez de Lugo, presidente del TSJA, como miembro del tribunal, argumentos que ya esgrimió la propia defensa del juez en la vista oral.

No en vano el caso ha generado un debate interno en la propia Fiscalía y el alto tribunal andaluz sobre las escuchas telefónicas a las personas aforadas. Se trata, además, de la primera sentencia contra la corrupción judicial en Marbella. De Urquía fue condenado el pasado mes de agosto a dos años de cárcel y 17 de inhabilitación por los delitos de cohecho y prevaricación judicial, al considerar probado que recibió dinero de Roca para la compra de una vivienda «a cambio de un trato favorable en asuntos judiciales».

El juez deberá aún enfrentarse a otro procedimiento en el TSJA por su actuación en la instrucción del 'caso Hidalgo' y al expediente disciplinario abierto por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).