A regañadientes, sin disimular la falta de entusiasmo y casi de soslayo, pero el Ayuntamiento ha tenido que anunciar esta semana que finalmente habrá demoliciones en Marbella. La alcaldesa informó el martes de la decisión del equipo de gobierno de ordenar el derribo de dos inmuebles a medio construir que no encuentran acomodo en el nuevo Plan General.

La perspectiva de la piqueta y las excavadoras ha venido provocando pánico en los promotores que llenaron sus redes en el río revuelto del GIL y en no pocos compradores (de buena y regular fe) que en algún momento actuaron como si realmente se vieran en el improbable paisaje de los bártulos en la calle y las viviendas reducidas a escombros.

Nadie tiene de qué preocuparse. Las estructuras que se echarán abajo son casos muy excepcionales dentro de la maraña de ilegalidades consumadas que salpican el mapa de la ciudad. Uno de los edificios que se tirará no está levantado bajo la cobertura de una licencia ilegal cocinada en el despacho de Roca y untada con abultados sobres. Está hecho sin licencia. Directamente. En el otro inmueble, el Ayuntamiento ha llegado a un acuerdo amistoso con el constructor. Otra excepción.

SOLUCIÓN INDESEADA

Motivos para preocuparse

Una de las personas a quien más inquieta el panorama de la piqueta es la propia alcaldesa. Desde el principio de su mandato, incluso desde antes de ganar las elecciones, Ángeles Muñoz se ha mostrado contraria a esta solución. A la alcaldesa le preocupa perder el apoyo de los compradores asustados, le preocupan las posibles reclamaciones patrimoniales contra el Ayuntamiento, le preocupan los problemas de imagen que podrían surgir tras la foto de un edificio de Marbella reducido a escombros y también le preocupa, por qué no decirlo, disgustar a los empresarios. Caben pocos reproches ante esta postura, porque seguramente nadie de quienes creían que las excavadoras debían reponer la legalidad en Marbella votó al PP en las elecciones municipales. Y el PP ganó por mayoría absoluta.

ADELANTO DEL PGOU

Un acuerdo con contrapartidas

Pero el Ayuntamiento ha tenido que ceder porque el acuerdo alcanzado con la Junta de Andalucía para adelantar la ejecución del PGOU, y consumar de alguna manera el indulto urbanístico al que nadie quiere llamar indulto urbanístico, tenía contrapartidas. El gobierno andaluz reclama demoliciones para que se vea en todos lados que no admite la impunidad en este terreno. Licencias por adelantado sí, pero también alguna demolición para la galería y revisión de licencias ilegales. En esto último el Ayuntamiento se está revelando más remolón. La Junta quiere una imagen para que todos, especialmente los alcaldes del resto de la costa andaluza, vean que el viva la pepa urbanístico se ha acabado. Y sabe que no hay fotografía con más difusión que la que se toma en Marbella. Por eso, semanas atrás pasó al Ayuntamiento una tímida lista de seis edificios que no pueden seguir en pie. Pero al gobierno municipal la lista de la Junta le pareció excesiva.

IMAGEN

El debate que volverá a abrirse

Finalmente habrá imágenes de piquetas en Marbella para regocijo de las televisiones, que tendrán minutos para llenar, y volverá a abrirse el debate de si serán imágenes positivas o negativas para el prestigio de la ciudad. Habrá quien crea que los derribos crearán una imagen de seguridad jurídica, y quienes opinen que los derribos demuestran exactamente lo contrario. Nadie puede escandalizarse ante la afirmación de que el prestigio de Marbella ya está suficientemente menoscabado como para que una piqueta lo empeore. Que esta ciudad dé una vez ejemplo de respeto a la ley no puede ser malo.

La imagen es importante, pero cuando la imagen no es reflejo de la realidad pierde sentido como expresión de lo que en verdad sucede. ¿Quién se puede creer que en Marbella no se han derribado edificios porque todos cumplen con la legalidad? En ese escenario, la ausencia de demoliciones sería más bien una prueba de impunidad. Con esta solución a la que han llegado Junta y Ayuntamiento tendremos un escenario contradictorio. Habrá derribos y también habrá impunidad.



CONTRATOS BAJO SOSPECHA

Un problema legal, ético y estético

Y ya que estamos con la imagen, la del equipo de gobierno municipal ha sufrido esta semana el primer golpe serio de este mandato tras saberse que el Ayuntamiento otorgó a una empresa de la que el concejal Espada es socio al 50 por ciento dos contratos que suman más de 220.000 euros. El equipo de gobierno y el PSOE se han enfrascado en una discusión sobre si las adjudicaciones son o no son legales. Pero después de todo lo que ha pasado en Marbella no se trata ya de que el asunto sea legal o no. Ni siquiera es necesario entrar en el resbaladizo terreno de la ética, del que el equipo de gobierno ha huido a la hora de dar explicaciones sobre este caso. Hemos llegado a un punto en el que hay que hablar de estética. Y este asunto es feo.