La recuperación de la parcela de la plaza de la Victoria -batalla que ha ganado en los tribunales la familia Palma, propietaria original del solar-, es un gran paso para el Ayuntamiento en la veintena de adjudicaciones de dudosa legalidad actualmente en revisión, con prioridad de aquellas que están en el casco antiguo.

La sentencia del Tribunal Supremo, de complicada ejecución -no hay que olvidar que aún hay otro procedimiento administrativo pendiente de resolver sobre la revisión de oficio de la concesión de la terraza de La Pesquera- puede sentar jurisprudencia cara a casos similares. La mayoría no tienen la trascendencia de la plaza de la Victoria, por su ubicación, pero podrían suponer para el municipio una inyección de terreno, muy faltos hasta la aprobación definitiva del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). El problema está en la lentitud con la que se pronuncia la Justicia en estos casos, ya que la mayoría de los procedimientos judicializados se están resolviendo por la vía contencioso-administrativa.

La mala gestión de los sucesivos gobiernos gilistas ha dejado en la actual corporación municipal una herencia de difícil salida donde, a veces, el remedio es peor que la enfermedad. Con demasiada frecuencia el problema se termina solucionando a golpe de talonario, algo insostenible para las ya de por sí esquilmadas arcas municipales.

A requerimiento del Tribunal de Cuentas, el Consistorio tiene 21 expedientes abiertos para analizar las concesiones del gilismo a entidades y empresas privadas y determinar si los acuerdos que se adoptaron en sesión plenaria pudieran declararse nulos para así recuperar servicios y suelo municipal.

'Modus operandi'

El 'modus operandi' en estos casos es muy similar. El Ayuntamiento cedía el suelo por cantidades simbólicas o incluso gratuitamente durante periodos muy largos de tiempo, de hasta 50 años. En la mayoría de los casos el acuerdo se adoptaba sin que mediara concurso o subasta pública, simplemente a dedo.

En el caso que nos ocupa, la desclasificación del solar de la plaza como dominio público se llegó a acordar casi seis meses más tarde de la firma del contrato. La familia Palma alegó ante el Supremo que no se trataba realmente de una permuta, sino de un «pago en especie consistente en la realización de una obra que lo mismo que Tensa podría ejecutarla cualquier otro contratista incluso, en un precio más barato para el Ayuntamiento de Marbella».