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Solbes y Elena Salgado, durante la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera del pasado 22 de julio. / SUR
El Gobierno prepara una segunda propuesta de financiación para las autonomías
ESPAÑA

El Gobierno prepara una segunda propuesta de financiación para las autonomías

Los mecanismos de solidaridad y los criterios de distribución de los recursos, obstáculos para el acuerdo entre todas las comunidades

R. GORRIARÁN

Lunes, 18 de agosto 2008, 03:40

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El Gobierno no ha dicho su última palabra en materia de financiación autonómica. Ante el rechazo que suscitó la primera propuesta, prepara una segunda que presentará en septiembre u octubre a las comunidades con la idea de llegar a un acuerdo antes de fin de año. Un objetivo complicado puesto que las diferencias de las autonomías entre sí, y entre éstas y el Ejecutivo central son muy notables. El PSOE y el PP, además, no logran poner orden en sus filas porque sus jefes han colocado los intereses de sus territorios por encima de las consignas de partido.

La primera toma de contacto entre el Gobierno y las comunidades en la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera del pasado 22 de junio no se cerró con avances, y lo que es peor, los contactos posteriores han agrandado la sima. El Ejecutivo trata de aparecer tranquilo con el argumento de que las negociaciones de un nuevo modelo de financiación son siempre complejas, pero al final siempre se llega a un acuerdo. Sus gestos, sin embargo, denotan intranquilidad.

Economía trata de permanecer ajeno a la polémica y trabaja en una mejora del modelo que planteaba una cesión del 50% del IRPF y del IVA y del 58% de los impuestos especiales sobre el tabaco, alcohol y carburantes a las comunidades. En la actualidad, las autonomías gestionan el 33% del IRPF, el 35% del IVA y el 40% de impuestos especiales.

Sin grandes cambios

En este apartado no existen grandes discrepancias. Pero al ser una negociación a 15 bandas, todas las autonomías menos Euskadi y Navarra, que tienen su propio sistema foral, las divergencias son múltiples, pero dos amenazan con convertirse en insolubles: los criterios para el reparto de fondos y los mecanismos de solidaridad.

La propuesta gubernamental prima el criterio de población para el reparto de fondos, arduamente defendido por Andalucía. El peso demográfico de una comunidad de acuerdo al censo más actualizado pondera en torno al 90% en la distribución del dinero, y el resto de variables, envejecimiento, dispersión, insularidad o cualquier otro, absorben el porcentaje restante. Ésta es la filosofía gubernamental, que fue secundada por las comunidades con mayor población. Las que no han tenido un aumento equiparable o incluso han perdido demografía rechazaron esta fórmula, y exigen que el factor humano pondere entre el 70 y 80% y se eleve el peso de los demás factores. El modelo que maneja el Gobierno no prevé cambios sustanciales en los mecanismos de solidaridad entre comunidades respecto al actual. Una postura que no es compartida por las autonomías con mayor dinamismo fiscal, que quieren limitar las transferencias de recursos a la financiación de sanidad, educación y prestaciones sociales. Lectura de la que discrepan los territorios con menor recaudación ya que se verían con dificultades para cubrir sus gastos sociales.

En estas batallas no hay colores políticos. El presidente aragonés, el socialista Marcelino Iglesias, reclamó ayer que se tomen en cuenta factores como «la extensión del territorio, la dispersión y envejecimiento de la población». Un criterio idéntico al que ha defendido el presidente de Castilla y León, el popular Juan Vicente Herrera. En el bando de las autonomías más ricas y pobladas se alinean Cataluña y Baleares (PSOE) y la Comunidad Valenciana (PP) y podría sumarse la Comunidad de Madrid, también gestionada por el PP.

Enfrente, entre los territorios de menor peso demográfico se sitúan Galicia, Asturias, Aragón y Extremadura, con gobiernos del PSOE, Castilla y León, con ejecutivo del PP, y Cantabria, en manos de los regionalistas con apoyo socialista. Andalucía respalda con matices la propuesta gubernamental, mientras La Rioja, Murcia y Canarias no se han decantado.

Cumbre socialista

En este sentido, el presidente de Castilla-La Mancha, José María Barreda, plantea una reunión a finales de agosto o principios de septiembre con los dirigentes socialistas nacionales y territoriales para «cambiar impresiones» sobre la polémica que se ha generado en torno a la financiación autonómica, un encuentro en el que «no estaría de más», dijo, que participase el PSC.

En unas declaraciones a Efe, Barreda explicó que el Consejo Territorial socialista que él preside no se constituirá hasta que no concluyan todos los congresos que las federaciones del Partido Socialista están celebrando, es decir, pasado el mes de septiembre, por lo que se mostró partidario de encuentros previos «informales» pero que permitan «dirimir las diferencias» entre socialistas.

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