Ecologistas en Acción y vecinos anunciaron ayer su intención de impugnar la decisión del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Marbella de ejecutar de manera adelantada del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) en tramitación. Apoyada por los representantes vecinales de las zonas de Arroyo Guadalpín y El Cruce en San Pedro Alcántara, la plataforma, a través de su portavoz, Rafael Ávila, calificó la actuación del Ayuntamiento de una «amnistía encubierta de actuaciones fuera de ley, de ilegalidad, a espaldas del ciudadano».

Ávila, con el hotel Senator como telón de fondo, «ejemplo de la caótica política urbanística de los últimos años», recordó que el «gran perjudicado» de esta decisión del Ayuntamiento es el «pueblo de Marbella, al que se le negarán todas las infraestructuras que necesita». El referido edificio, a juicio del portavoz de los ecologistas, aparecía en el avance del PGOU como «normalizable» mediante la fórmula de «compensar a la ciudad con parte del mismo para uso público».

Ecologistas en Acción justificó la impugnación de la ejecución anticipada del documento urbanístico, que se aprobará definitivamente en el primer trimestre de 2009, en dos cuestiones. «Carece de seguridad jurídica», expuso Ávila, quien lamentó que el equipo de gobierno no comunicará antes su intención. Según el portavoz, el servicio jurídico del Ayuntamiento no fue consultado.

Sin contestación

«Tampoco hay informes al respecto», estimó. La contrariedad alcanza su máxima expresión, concretó Ávila, cuando se da la circunstancia de que las alegaciones no fueron todavía contestadas, «por lo que cabe la posibilidad de que el PGOU tuviera que se nuevamente expuesto».

La plataforma se atrevió incluso a anotar que «no habrá compensaciones» por parte de los promotores con esta puesta en marcha adelantada del PGOU. «Al final aquí se legalizará todo y a la ciudad no le será devuelto su patrimonio de suelo», informó.

Alejandro Dogan y Juan Antonio García, en representación de la asociaciones de vecinos Arroyo Guadalpín y El Cruce, se asombraron de que justo en este tema los partidos los partidos políticos «se pongan de acuerdo», en relación a una iniciativa en principio consensuada entre el propio Ayuntamiento y la Junta de Andalucía. «Aquí nadie cuenta con el pueblo de Marbella, que vuelve a ser engañado», citó Dogan. Coincidieron en destacar que ni se respeta la ley ni tampoco las sentencias judiciales. Ambas administraciones «han cocinado un documento que es un paso adelante hacia una ley de punto final», recalcó Ávila.