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19.07.08 -

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El Gobierno argentino da marcha atrás en la ley que le enfrentó con el campo
Cristina Fernández. / AP
El Gobierno argentino anunció ayer la retirada del alza de impuestos a la exportación de granos que aprobó por decreto hace cuatro meses y desató un conflicto sin precedentes con el campo, tras sufrir su primera gran derrota política.

La decisión del Ejecutivo de suspender el esquema de retenciones móviles que regía desde marzo fue bien recibida por las patronales agropecuarias, aunque advirtieron que aún esperan respuestas a otras reclamaciones del sector.

La oposición también consideró que el Gobierno procedió correctamente tras el rechazo que recibió la medida, convertida en proyecto de ley en el Senado durante la madrugada del jueves, con el voto decisivo del vicepresidente del país, Julio Cobos.

El anuncio sobre la suspensión de la subida impositiva fue realizado por el jefe de Gabinete, Alberto Fernández, quien se limitó a leer el texto del decreto que lleva la firma de la jefa del Estado, Cristina Fernández.

La presidenta, quien recientemente se había jactado de no recurrir a los decretos en su gestión, que comenzó en diciembre pasado, utilizó nuevamente esta prerrogativa para dejar sin efecto el alza de los impuestos a la exportación de granos. Aquella resolución desencadenó una oleada de movilizaciones y protestas del sector agropecuario que han provocado pérdidas millonarias al país y un grave desgaste de la mandataria.

Nuevos impuestos

El nuevo decreto, que entrará en vigor tras su publicación en el Boletín Oficial del Estado el próximo lunes, establece que los niveles impositivos para las exportaciones de soja, trigo, maíz y girasol vuelvan a ser los establecidos en noviembre último.

En lugar del esquema progresivo de retenciones que regía desde marzo, para las exportaciones de soja volverá a aplicarse un impuesto fijo del 35%; del 28% para las del trigo; 25% para el maíz; y 23 por ciento para las de girasol.

El titular de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Luciano Miguens, manifestó que la decisión del Ejecutivo termina con más de cuatro meses de conflicto.
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