Las empresas que tengan instaladas en el municipio antenas de telefonía móvil dispondrán de un plazo de tres años para renovar sus licencias, después de que el pleno del Ayuntamiento aprobara ayer una ordenanza reguladora para este tipo de instalaciones. Las que cuenten con antenas instaladas sin el preceptivo permiso municipal en cambio sólo dispondrán de un año para normalizar su situación, según declaró ayer la edil de Nuevas Tecnologías, Concepción Labao.

Se trata de la primera ordenanza que elabora el Consistorio veleño para regular todo lo relacionado con la colocación de antenas de telefonía y radiodifusión en el ámbito municipal. El objetivo es lograr que cumplan todas las garantías de seguridad y regular las condiciones urbanísticas y mediambientales que deberán cumplir.

La ordenanza salió ayer adelante con el apoyo de todos los grupos políticos locales a excepción de Izquierda Unida. Esta formación política decidió no votar a favor al rechazar el equipo de gobierno que se prohíban estas instalaciones en un radio de 500 metros de los centros educativos, guarderías, bibliotecas, centros de salud, hospitales y residencias de la tercera edad. El límite que recoge la normativa municipal es de 50 metros.

Reducir emisiones

Según Labao, la apuesta realizada por el equipo de gobierno en esta ordenanza, que afecta también a las antenas de radiocomunicación móvil, radiodifusión sonora y televisiva, es reducir al máximo las emisiones radioeléctricas. El equipo de gobierno ha apostado por autorizar más antenas, pero de menor capacidad de emisión, consciente del gran rechazo que despiertan este tipo de instalaciones entre los vecinos.

La normativa municipal será de aplicación a las infraestructuras radioeléctricas con antenas susceptibles de generar campos electromagnéticos en un intervalo de frecuencia de entre 0 Hz a 300 GHz que se encuentren situadas en el municipio.

Quedan excluidas las antenas de radio aficionados, las de recepción de radiodifusión y televisión, y los equipos y estaciones para la defensa nacional, seguridad pública, protección civil y otros servicios municipales.

Tasa

La corporación prestó su aprobación por otra parte a la modificación de la ordenanza de la tasa fiscal reguladora por ocupación de subsuelo, suelo y vuelo de la vía pública. De este modo, el Ayuntamiento grava el uso del dominio público a las empresas de telefonía móvil, suministradoras de gas, electricidad, televisión o cualquier otro medio de comunicación. En concreto, para las empresas de telefonía móvil se fija como cuota el resultado de multiplicar el número de abonados o clientes en el municipio por el 1,5 por ciento de los ingresos medios de operaciones en todo el territorio nacional.