La Comisión Jurídica afirma que la prolongación de abastecimiento de agua a Barcelona no es un trasvase

El Gobierno de Aragón ha recibido el dictamen que solicitó a la Comisión Jurídica Asesora sobre la prolongación hasta Barcelona del llamado minitrasvase del Ebro a Tarragona. El informe asegura, en coincidencia con los hasta ahora conocidos, como el emitido por los Servicios Jurídicos del Ejecutivo autónomo, que la prolongación del abastecimiento hasta Barcelona no puede considerarse jurídicamente un trasvase y reitera las afirmaciones del Gobierno central en este sentido.

La explicación es sencilla: "no puede considerarse una nueva transferencia de aguas entre ámbitos territoriales de distintos Planes hidrológicos de cuenca" sino que, al contrario, la transferencia está regulada desde la citada ley siendo la ampliación del ámbito territorial "una cuestión adjetiva a la regulación de la transferencia entre cuencas". Por lo tanto, "no es exigible" el informe previo de la Comunidad de Aragón a que se refiere el artículo 72 de su Estatuto de Autonomía.

El dictamen de la COJA indica que las razones de "extraordinaria y urgente necesidad" en las que se fundamenta el Real Decreto-Ley del pasado 21 de abril, "parecen suficientes a los efectos de desaconsejar cualquier tipo de discusión constitucional basada exclusivamente en las mismas". El dictamen de la Comisión Jurídica plantea, asimismo, dudas razonables sobre los contratos de compraventa o cesión de derechos previstos en el artículo 3 del Real Decreto Ley, en línea con lo manifestado de forma reiterada por el presidente del Gobierno aragonés, Marcelino Iglesias.

El Ejecutivo autónomo analizará los diferentes informes emitidos y se reunirá en Consejo de Gobierno para adoptar las decisiones correspondientes, de acuerdo con el Estatuto de Autonomía de Aragón, y decidirá si pide la finalización de la validez del Decreto una vez superada la situación de emergencia que fija la Generalitat en el Decreto de la Sequía de 12 de abril de 2007.

Lo decidirán el jueves o el viernes

En principio, está previsto que el Gobierno de Aragón se reúna esta semana en Consejo Extraordinario, el jueves o el viernes, para tomar esta decisión. El Ejecutivo autonómico ha informado de que, tras las últimas lluvias, en los embalses de las Cuencas Internas de Cataluña se almacenan más de 170 hectómetros cúbicos y se supera, por tanto, la Situación de Excepcionalidad II, fijada por la Generalitat de Cataluña en 165 hectómetros cúbicos y que es la que obliga a adoptar medidas de urgencia para los abastecimientos urbanos, como la prohibición de llenar piscinas.

La petición del gobierno aragonés se haría tras conocerse el informe de su Comisión Jurídica Asesora (COJA) sobre el proyecto de prolongación hasta Barcelona del minitrasvase a Tarragona, en el que se dice que con la llegada de las lluvias podría "cesar" la "situación de sequía" y "automáticamente caducar la autorización para construir la obra, incluso el día antes de su terminación".

El portavoz parlamentario del Partido Popular en las Cortes autonómicas mañas, Antonio Suárez, ha urgido al presidente del Gobierno de Aragón, Marcelino Iglesias, a recurrir ante el Tribunal Constitucional (TC) el decreto que autoriza el trasvase del Ebro a Barcelona tras el "palo jurídico" que, según Suárez, ha propinado a la DGA la Comisión Jurídica Asesora (COJA). A su juicio, el de hoy ha sido "un tremendo palo jurídico para el Gobierno de Aragón y el Gobierno de España" porque la COJA encuentra varios aspectos que podrían ser inconstitucionales.

Devolver el agua al Ebro

Ante esta situación, la Coordinadora de Afectados por Grandes Embalses y Trasvases (COAGRET) ha exigido que se reviertan al río Ebro los caudales cuyo uso está concedido a los regantes de Tarragona desde 1981, a través del denominado ministrasvase, y que ahora se enviarán a Barcelona y su entorno.

La Coordinadora considera a la Confederación Hidrográfica del Ebro y al Ministerio de Medio Ambiente responsables de la "mala gestión" del Ebro, que "se ha puesto en evidencia" con el trasvase planteado a Barcelona. La propuesta de un trasvase a Barcelona del "agua sobrante" de la concesión de aguas del Ebro a Tarragona "ha destapado la desproporcionada concesión que se adjudicó en su día a ese trasvase , ya que eran utilizados solamente la mitad de los caudales adjudicados, y no se usaban los 30 hectómetros cúbicos anuales que se pretenden trasvasar ahora a Barcelona".

Los ecologistas piden la depuración de responsabilidades, "ya se trate de un error de cálculo, ya se trate de una decisión consciente, por dejación de la obligación del Ministerio y de la Confederación de gestionar racionalmente los recursos y proteger las condiciones medioambientales del Ebro y del Delta del Ebro". También exigen responsabilidades "por no corregir esa adjudicación excesiva de caudales cuando se hicieron evidentes los caudales no utilizados".