Diario Sur

El caso del asesinato de Mari Luz Cortés a manos, presuntamente, de un pederasta que seguía en libertad pese a estar condenado por abusar de su propia hija, ha causado una enorme preocupación e inquietud entre los jueces de Málaga, que se tientan las togas ante la posibilidad más que cierta de que algo similar pueda ocurrir aquí. Y es que los diez juzgados de lo penal de la capital acumulan 11.000 sentencias pendientes de ejecutar, casi el doble que los de Sevilla, donde se ha producido el estrepitoso error judicial con Santiago del Valle, el supuesto asesino de la niña onubense, que tendría que haber estado en la cárcel. El juez decano de Málaga, Manuel Caballero-Bonald, no ha dudado en calificar de «auténtico polvorín» el colapso que sufren los juzgados penales malagueños que arrastran desde hace años una clamorosa falta de medios. Caballero Bonald, que el lunes presidirá una junta de jueces donde se abordará este asunto, asegura que los magistrados sienten una «impotencia absoluta» porque, a pesar de las reiteradas peticiones de más medios no se ha adoptado ni una sola medida para atajar el problema.

Lo ocurrido con un juez de Sevilla en el caso de Santiago del Valle, el presunto asesino Mari Luz, ha colocado el foco de atención sobre los jueces y la Justicia. ¿Como definiría la actual situación de los juzgados penales de Málaga? ¿Podría ocurrir algo así aquí?

A finales del año pasado los diez juzgados de lo penal acumulaban 11.000 sentencias pendientes de ejecución, es decir, cada uno tiene como media 1.100 resoluciones pendientes de cumplimiento. Desde mayo de 2005, en la primera junta de jueces que presidí como decano, hasta la actualidad no hemos parado de denunciar la falta de medios con que nos encontramos. También lo ha hecho la sala de gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y no se ha adoptado ninguna medida para atajar el problema. Los jueces sentimos una impotencia absoluta. La ley implantó los juicios rápidos, pero se olvidó de que las sentencias hay que ejecutarlas. Este año está previsto que se ponga en marcha el Juzgado de lo Penal número 11, pero sigue siendo insuficiente. Hace falta otro más y aumentar la plantilla de funcionarios de 8 a 10 por cada órgano judicial y un plan de choque para sacar adelante todas las sentencias acumuladas que están pendientes de cumplir. Además es necesaria la puesta en marcha de la oficina judicial en la que se centralicen la ejecución de las resoluciones de todos los juzgados, que está paralizada y no sabemos por qué motivo.

¿Lo de Mari Luz puede ocurrir aquí también?

Ese terrible suceso puede ocurrir aquí. Estamos sobre un auténtico polvorín. La situación de atasco y carga de trabajo de los órganos judiciales de Málaga con 1.100 sentencias pendientes de ejecución por juzgado y año es mucho peor que la de Sevilla, donde cada magistrado tiene 600 sentencias. Es casi el doble de trabajo. Aún así, albergamos la esperanza de que el triste caso de Huelva, que ha sido un error terrible y lamentable, tenga, por lo menos, un lado positivo, que empiece por resolver la falta de medios del sistema judicial y no se quede sólo en buscar un cabeza de turco, porque ha sido un fallo en cadena del sistema judicial, desbordado por la carga de trabajo.

¿Es el juez responsable de todo lo que ocurre en el juzgado?

No, un juzgado es un equipo de personas, funcionarios, secretarios y fiscales, donde cada uno tiene sus funciones. El juez necesita que alguien le diga cómo va tal o cual asunto. No puede ir mesa por mesa, ni mirando en los armarios, caso por caso. Además eso es un trabajo inabarcable.

¿No se puede establecer prioridades a la hora ejecutar las sentencias en base a la peligrosidad del delito y de sus autores? Por ejemplo, los pederastas, que con frecuencia reinciden.

Ya hay prioridades: las causas con preso preventivo y los casos de violencia de género. Si seguimos con prioridades en función de la gravedad de la pena, habría sentencias que no llegaríamos a tramitar nunca porque no les llegaría el turno. Pensemos que hay 1.100 por juzgado. Esa no es una solución. Además para la víctima de un delito, su caso, por leve que sea, siempre es el más importante, y es normal que lo piense así. Yo le pediría a los que tienen responsabilidades de gobierno el mismo esfuerzo legal que han hecho con la cuestión de la violencia de género, con un registro de maltratadores, que está muy bien, para con otras víctimas, como los menores de edad o los ancianos.

¿Tampoco hay conexión informática entre los juzgados que proporcione información de cómo está cada caso?

Hay un aplicación que permite conocer la ruta que tiene un caso desde que entra en el juzgado de guardia hasta que llega, por ejemplo, a juicio en un juzgado penal, pero no permite saber el contenido de ese procedimiento ni en qué situación se encuentra. Un juzgado no conoce lo que hace el de al lado. Tampoco sabemos si el acusado tiene antecedentes hasta que no se inscriben en el registro de penados. Y no hay conexión con la Fiscalía ni con las fuerzas de seguridad.

Tardanza en las bajas

¿Se cubren las bajas? ¿Cuánto tiempo se tarda?

Las bajas de los funcionarios tardan, a veces, dos y tres meses en ser cubiertas. Ahí hay que pedirle también a la Administración más esfuerzo para que agilice esto, porque, además, los que están trabajando están al limite y no pueden cargar con las funciones de los que están de baja. Hay incluso trabajadores que echan horas por las tardes sin ningún tipo de incentivo.

¿Y qué pasaría si se incentivase económicamente a los jueces por el dictado de ejecutorias al igual que se hace con la sentencias?

No creo que sea la solución. Además, estoy en contra de eso, porque no es algo modulable. Lo que importa es la calidad de la resolución, no la cantidad.