Amigos, abogados y empresarios ya pagaron 450.000 euros para que Roca saliera de prisión en 2002

La familia del presunto cerebro de la trama de corrupción marbellí, Juan Antonio Roca, continúa realizando gestiones para obtener el millón de euros de fianza que le impuso la pasada semana el juez que instruye el 'caso Malaya', Óscar Pérez, para salir de la cárcel. Incluso sopesan abrir una cuenta bancaria para que todos aquellos amigos y allegados del ex asesor urbanístico puedan colaborar para sacarlo de prisión después de permanecer dos años tras las rejas. No es la primera vez, sin embargo, que Roca debe pedir ayuda económica para salir de la cárcel bajo fianza, pero sí la única en la que la cantidad a reunir llega a las siete cifras y en el que el dinero no llega tan rápido.

El 22 de abril de 2002 ya acudió a amigos, abogados y empresarios para reunir los 450.000 euros de fianza que le impuso el entonces juez de la Audiencia Nacional Juan del Olmo en el conocido como 'caso saqueo', uno de los tres sumarios que instruyó la Audiencia Nacional sobre presuntos delitos de la 'era Gil'. Entonces estaba imputado por un supuesto delito de malversación de caudales públicos junto al alcalde de Marbella, Jesús Gil y Gil, y otros cinco colaboradores del primer edil.

En aquel momento, hace ya seis años, el ex gerente de Urbanismo tardó 24 horas en pagar casi la mitad del dinero que ahora necesita. Le bastaron para abandonar la prisión.

Trece personas fueron sus ángeles de la guarda, entre ellas, tres imputados en el 'caso Malaya': Pedro Román, ex teniente de alcalde de Marbella y mano derecha de Gil, imputado por los supuestos delitos de blanqueo de capitales, cohecho y contra la ordenación del territorio; Pedro Peña Barragán, empresario imputado por el presunto delito de blanqueo de capitales; y la mujer de Roca, María Rosa Jimeno, en libertad bajo fianza de 90.000 euros también por supuesto blanqueo en 'Malaya'. Los dos primeros aportaron entonces 60.000 euros, frente a su mujer que puso 24.000.

Otras diez personas ayudaron a sacar a Roca de prisión en 2002, con cantidades importantes de dinero que oscilaron entre los 6.000 y los 60.000 euros. María Castañón, ex asesora jurídica del Ayuntamiento de Marbella e imputada en dos procesos por la supuesta concesión irregular de licencias es una de ellas. En su momento aportó 18.000 euros para ayudar al que entonces era su jefe en el Área de Urbanismo.

Inmobiliarias

El resto de la lista lo completan dos abogados marbelllíes, Manuel C. F., hermano de la ex asesora jurídica, y Antonio A. C., y siete empresarios de Marbella, Murcia y Madrid, la mayoría altos directivos de una u otra manera relacionados con el sector inmobiliario y la construcción. Entre ellos se encuentran Susana F. M., abogada vinculada a la empresa Marbella Sierra Blanca, de la que era administrador Pedro Román, y Elena B. R.,entonces consejera delegada de una importante empresa inmobiliaria en Marbella.

También aparecían en el listado judicial Guillermo X. M., empresario de una conocida promotora; Ricardo P. R., administrador de una sociedad dedicada a la compraventa y arrendamiento de fincas rústicas y urbanas de Murcia; Pedro M. B., uno de los máximos directivos de una compañía de servicios mercantiles del sector de la alimentación vinculada societariamente a una empresa de construcciones y exportaciones; y dos empresarios más, altos cargos de empresas de importación y exportación de sociedades dedicadas a distintos sectores productivos, como José E. H. Y., Andrés G. C., muchas de ellas aún en funcionamiento.

Todos ellos consiguieron que Juan Antonio Roca saliera en libertad bajo fianza tras ser imputado por la presunta malversación de más de 36 millones de euros de las arcas municipales marbellíes entre 1991 y 1995. Después de Gil, que tuvo que pagar 700.000 euros, la suya fue la fianza más elevada. Por esta causa, Roca permaneció en prisión provisional tan sólo una semana, después de pasar los dos primeros días incomunicados. El motivo no fue tanto el riesgo de fuga, sino la posibilidad de que, con los imputados en la calle, «las pruebas se vieran gravemente alteradas y manipuladas», según manifestó en su momento el juez. El fiscal llegó a pedir diez años de prisión para Roca.

Entonces, como ahora, los abogados del ex asesor urbanístico solicitan una reducción de la cantidad impuesta al considerarla «excesivamente elevada». El juez instructor de 'Malaya' consideró la semana pasada en el auto de libertad condicional que el riesgo para el buen fin de la investigación ha desaparecido, ya que las fuentes de prueba están «razonablemente aseguradas».

El magistrado también ha contemplado que la instrucción del 'caso Malaya' «se alargará aún meses». Óscar Pérez justifica esta demora en que todavía no se han terminado las declaraciones indagatorias; no se ha decidido sobre el procesamiento de nuevos imputados; falta por conocer el resultado de las investigaciones en Andorra, Gibraltar, Isla de Man y Suiza; y, por último, aún está pendiente un informe económico de la Agencia Tributaria adscrita a la Fiscalía Anticorrupción.

En los próximos días, Roca podría salir a la calle tras pagar el millón de euros que necesita a pesar de los recursos interpuestos por el Ministerio Fiscal y el propio Ayuntamiento marbellí. Será entonces cuando el último imputado del 'caso Malaya' quede en libertad. Eso sí, previo pago de una considerable suma de dinero.