
Según informó ayer el grupo municipal socialista, que dio los detalles del acuerdo de la Junta Local de Gobierno del 12 de febrero, argumentan que algunas de ellas podrían encontrar acomodo en el planeamiento. Se trata de los permisos para 35 viviendas en la urbanización Gol Río Real de la empresa Ray Inmobiliario S. L. y a dos viviendas unifamiliares en La Coneja Sur a Quatrovillas S. L.
«Decía lo contrario»
Desde el PSOE no escatimaron en críticas, máxime cuando han reclamado insistentemente que se revisen el millar de permisos que hay en esa situación. A juicio del concejal Javier de Luis se está utilizando de manera «partidista» e «interesada» el informe que emitió Rafael Duarte, ex vocal de Urbanismo de la comisión gestora, que ha sustentado las sucesivas peticiones de que se posponga la ejecución de las sentencias de derribo hasta que esté vigente el nuevo Plan. «Decía todo lo contrario de lo que ahora dice el PP: que la revisión de licencias es el camino para resolver el caos urbanístico del municipio», señaló.
El edil recordó que la revisión de licencias que ordena el TSJA desembocaría o en la declaración de nulidad de las mismas o en la determinación de su legalidad. «No hay perjuicio para el Ayuntamiento sino todo lo contrario», valoró, al hilo de las sanciones que se podrían imponer en caso de determinarse la nulidad «reponiendo lo arrebatado».
No sólo eso. Censuró además que con esta medida se da «apariencia de legalidad» a los promotores y se «dificulta» la recuperación de espacios usurpados. La concejala socialista Susana Radio dio en este sentido un dato: En los presupuestos de 2008 se contempla una partida de seis millones de euros generados con la revisión de licencias, al tiempo que censuró la incapacidad del equipo de gobierno de gestionar los recursos humanos municipales y licitar actuaciones como el plan de barrios o de asfaltado.
El PP responde
Por su parte, desde el equipo de gobierno defendieron que la revisión de las licencias urbanísticas sólo conduciría «a las demoliciones» o a que los compradores de buena de fe paguen compensaciones «por los desmanes de otros mientras que la Junta miraba para otro lado».
Su portavoz, Félix Romero, recordó que han elegido «defender al ciudadano y no a los promotores» con la petición de que no se realicen revisiones de estos permisos hasta que la ciudad no cuente con un plan urbanístico definitivo.






