Diario Sur

El sindicato SATE-STE's denunció ayer un nuevo episodio de «coacciones, amenazas, insultos y maltrato» hacia una profesora de Educación Infantil en el desempeño de su labor docente. Al parecer, los hechos ocurrieron en el CEIP Reyes Católicos cuando un padre de un alumno protagonizó los hechos denunciados. Esta organización sindical informa que una vez realizadas las primeras actuaciones legales, el Juzgado de Guardia optó por pasar el caso al Juzgado de lo Penal, que tratará este asunto el próximo 31 de enero en un juicio por un supuesto delito de coacciones y desórdenes públicos dentro de un recinto escolar.

En relación al caso, los miembros de SATE-STE's criticaron que, «a pesar de las buenas intenciones», mostrada por los responsables de la Dirección Provincial del Ministerio de Educación en Melilla, estos dejaron a la docente afectada «en el desamparo más absoluto». Así, la profesora en cuestión estuvo acompañada por testigos de los hechos, miembros del equipo directivo del centro y por una representación sindical pero no contó con el asesoramiento jurídico del MEC que, según SATE-STE's, se limitó sólo a manifestar que intentarían apoyarla ante la vía penal y que en vía administrativa realizarían un informe para estudiar la posibilidad de llevar el caso a la Fiscalía del Menor.

En opinión de este sindicato de enseñanza, este caso «es uno más» de todos los que se repiten «con excesiva frecuencia» en Melilla y ante los que el profesorado se siente «completamente desamparado y abandonado a su suerte» por parte de las autoridades educativas, no sólo por la responsabilidad que ostentan sino por el compromiso adquirido cada vez que se da una circunstancia de este tipo, según argumentaron.

Protocolo de actuación

SATE-STE's aclaró que ha pedido al MEC la creación de un protocolo de actuación para estos casos «que garantice el adecuado apoyo a los compañeros que lo necesiten». Así, miembros del secretariado recordaron sendos escritos dirigidos al subsecretario del MEC y al Grupo de Trabajo de Ceuta y Melilla. No entienden las dificultades para su puesta en marcha puesto que «en numerosas comunidades existen protocolos para estos casos» que permiten al afectado saber cómo actuar y contar con el apoyo de la Administración educativa y de sus respectivos servicios jurídicos, incluso algunas con teléfono de asistencia.