Diario Sur

NO sé si se habrán fijado ustedes, pero cada vez que un informe nacional o internacional confirma una vez más que Andalucía está a la cola de Europa y de España en enseñanza, o arrecia la violencia escolar, o sucede cualquier cosa que ponga de manifiesto lo inane de su política, la consejera de Educación se saca de la manga un nuevo 'plan'. Y como la realidad no para de poner en su sitio a la pedagogía defendida por doña Cándida, los profesores estamos inundados, saturados, abrumados de 'planes'. Porque todos esos variopintos planes de nuestra innovadora consejera tienen siempre una característica en común: han de sacarse adelante a costa de un esfuerzo extra de los docentes, esfuerzo que jamás se remunera. Así, los profesores andamos realizando funciones de vigilante jurado durante los recreos, de librero y de administrativo con el plan de gratuidad de los libros de texto, y de 'máquinas de corregir' con las Pruebas de Diagnóstico. Y digo 'máquinas de corregir' y no correctores porque los siempre oscuros autores de las dichosas pruebas adjuntan a los cuadernillos con las preguntas unos criterios de corrección tan exhaustivos (44 páginas) y dirigistas (hay que hacer 59 anotaciones numéricas por alumno) que la corrección podría hacerla cualquier persona. ¿Por qué, entonces, se recarga todavía más la ya larga lista de obligaciones de los profesores con esta tarea?; despreciando, además, de forma insultante, la capacidad de corregir con criterio de estos profesionales. Pues hay que añadir que su prolijidad no convierte a los criterios de corrección oficiales en indiscutibles ni mucho menos; antes por el contrario son discutibles en grado sumo, ya que lo que se evalúa en unas preguntas con rigor se compensa holgadamente en otras con una laxitud exagerada. En fin, parece ser que, a la hora de llevar a la práctica sus teorías, los adalides de la pedagogía igualitaria no se quieren pasar sin siervos. Además, por cierto, también en lo que a retribuciones se refiere tienden esos heroicos defensores del igualitarismo a olvidar sus doctrinas: un asesor de cualquier centro de profesores, nombrado a dedo y que no da una sola clase, gana unos 600 euros más al mes que un profesor de secundaria que ha accedido a su plaza por oposición.

Pero la sobrecarga de obligaciones varias, todas por debajo de la categoría profesional de los profesores de secundaria, no es la única consecuencia negativa para esos docentes de los 'planes' de la consejera. El plan de centros bilingües, por ejemplo, ha supuesto para ellos un inadmisible incremento de la inestabilidad en el puesto de trabajo, pues en estos institutos quien no asuma la obligación extra de aprender el idioma extranjero que corresponda puede verse desplazado de su centro por otro profesor. Y es necesario señalar que la Consejería de Educación ni tan siquiera paga todos los gastos que ese aprendizaje genera a los docentes, ni, mucho menos, las muchas horas extraordinarias que supone.

Por otro lado, ¿cuál ha sido hasta ahora la eficacia de todos esos 'planes'"? Tomemos como ejemplo los que llevan más tiempo en funcionamiento: el plan de 'Mediación' y el de 'Cultura de Paz', ambos con la finalidad de combatir la creciente violencia escolar. Pues resulta que bastantes de las últimas agresiones a docentes han tenido lugar en centros que se han adscrito a los mencionados planes hace ya bastante tiempo. Otros, como la prometedora 'mochila de la paz', que tanto nos encomió la señora consejera hará dos o tres años, se olvidaron sin haber llegado a ver la luz, y dejándonos, además, con la curiosidad de cuál podría ser el mágico y pacificador contenido de la mochilita. Tampoco del Observatorio de la Violencia Escolar se ha vuelto a tener noticia. Claro que a lo mejor algún alumno violento, perdón, conflictivo, se presentó inopinadamente en Torretriana y les rompió el instrumental necesario para sus observaciones, vaya uno a saber. Por lo demás, las comisiones provinciales de Convivencia, otro de los sobrenaturales elixires propuestos contra las agresiones a docentes y discentes, no se han reunido prácticamente ni una vez desde su fundación, hace ya como seis meses. Y, para completar el cuadro, según parece, las delegaciones provinciales de Educación ni tan siquiera se han tomado la molestia de elaborar un registro de las agresiones a docentes ni de los casos de acoso, pues a las solicitudes de conocerlas por parte de algún sindicato de profesores han respondido con el silencio administrativo.

Tal vez entienda mejor ahora el amable y paciente lector de este artículo la razón de que los profesores de secundaria estemos tan quemados.