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SURtv.esSURtv.es | RSS | ed. impresa | Regístrate | Jueves, 24 abril 2014

Marbella - Costa del Sol

MAGISTRADO DEL TRIBUNAL SUPREMO
Rafael Fernández Valverde: «Que haya terceros de buena fe no puede incidir en una sentencia de demolición»
Asegura que los jueces están «atados» de pies y manos para que se ejecuten las órdenes de derribo si nadie se lo reclama

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Rafael Fernández Valverde: «Que haya terceros de buena fe no puede incidir en una sentencia de demolición»
MAGISTRADO. Participó en un curso de la Mancomunidad. / J-L
Como magistrado de la Sala de lo contencioso del Tribunal Supremo, de la sección de urbanismo, Rafael Fernández Valverde conoce al dedillo los entresijos de las sentencias que ordenan las demoliciones de las viviendas ilegales y los conflictos que pueden derivar de la presencia de terceros de buena fe.

Como experto en la materia, ¿estará siguiendo con interés los avatares urbanísticos en Marbella?

Alguna información tengo porque, además, casi todas las semanas tenemos algún asunto de la sala de Málaga. Tuvimos uno muy curioso de la época en la que la señora Isabel García Marcos recurría frente a lo de Gil y cuando hay que ejecutar las sentencias digamos que las dos partes no están en situación hábil de andar pidiéndolo.

¿Qué opinión le merece todo lo que ha pasado en estos años?

Pues creo que todos hemos sido culpables. Estuve como vocal del Consejo General del Poder Judicial en un época en que ya veíamos venir que Marbella era un sitio complicado en el tema de los jueces. Desde el punto de vista de la jurisprudencia ha habido un criterio que ha favorecido que ocurra lo de Marbella y otros muchos sitios que es el de no suspender los planes urbanísticos. Al cabo del tiempo están cambiando los criterios porque estos temas hay que jugárselos en una medida cautelar al principio.

¿Le sonará de algo lo de los terceros de buena fe?

Sí, y en este sentido la jurisprudencia es muy clara. El problema es que aunque sean terceros de buena fe no pueden incidir sobre el proceso de ejecución de una sentencia. Habrá casos en que acrediten que no fueron notificados y habrá que repetir el procedimiento. Pero no es lo mismo que aparezca a lo largo de un procedimiento, cuando todavía no hay sentencia, que en el momento de ejecutar la sentencia. Ahí lo que tiene claro la jurisprudencia es que la posible inscripción registral a nombre de un tercero no es un obstáculo para que se ejecute la sentencia que ha ordenado un derribo y que, en segundo lugar, esa situación de tercero de buena fe puede dar lugar a una posible indemnización. El problema en este caso es cuándo surge ese derecho.

¿Y cuándo surge?

El criterio es que el daño sólo se produce con el derribo, por lo que primero hay que ejecutar la sentencia y, como consecuencia, el tercero de buena fe puede iniciar un procedimiento de exigencia de responsabilidad que podrá dirigir contra el promotor, contra el que dio la licencia y contra el que autorizó el Plan. Abrimos una vía de un trípode: el promotor, el Ayuntamiento y la Comunidad autónoma.

¿A los tres?

Sí. Al tercero que de buena fe ha comprado una cosa que está inscrita en el registro de la propiedad y al que nadie le ha advertido de que aquello tenía una posible ilegalidad, evidentemente se le ha causado un perjuicio y puede dar lugar a una responsabilidad del promotor y a una responsabilidad patrimonial de las administraciones. Además, hemos dicho algo más, que esa responsabilidad es solidaria. Es decir, que si alguien no quiere, no tiene o no puede, los otros corren con su parte. Ése es el criterio.

¿Están siendo los consistorios tibios a la hora de ejecutar los derribos?

Es que es el Ayuntamiento el que tiene que plantear a la sala un incidente de inejecución de sentencia, no el particular. Tiene que informar de que no puede ejecutarla ya sea por una causa material, porque sea imposible físicamente, lo que es muy difícil hoy día, o como consecuencia de que se haya producido un nuevo planeamiento urbanístico que ha venido a legalizar. Pero eso lo tiene que plantear a la sala y se verá si es posible o no ejecutar la sentencia. Si se determina que no es posible, se planteará una indemnización por si hay que pagar algo a alguien. Es el mecanismo.

¿Hay algún plazo para el cumplir las sentencias que ordenan derribos?

En principio la ley establece dos meses pero la jurisprudencia dice que la imposibilidad de ejecución se puede plantear en cualquier momento, así que no hay plazo.

¿Los jueces también pueden pedir la ejecución de la sentencia a las administraciones autónomas?

Efectivamente. Se puede obligar a que la ejecute el Ayuntamiento, cualquier otra administración e incluso se puede nombrar a un comisario, que puede ser un funcionario que se encargue. El problema que se plantea es que los gastos de la ejecución habrá que repercutirlos en la persona que estaba obligado a la ejecución. Además, el juez está atado de manos porque no puede, de oficio, ponerse a ejecutar una sentencia. Estoy convencido de que en las estanterías de las salas hay 40.000 sentencias pendientes de que venga alguien y diga: Oiga, ejecuten ustedes estas cosas.

¿Y si no se ejecutan?

Tiene que haber alguien solicitándole a la sala que se ejecute la sentencia. Si no se reclama, la sala entiende que la sentencia se ha ejecutado y no se da por enterada. Ese es el tema significativo.
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