En la iniciativa, a la que ha tenido acceso Europa Press, el PP señala que desde que en noviembre de 2006 la Consejería de Obras Públicas anunció la posibilidad de demoler en torno a 5.000 viviendas ilegales en Marbella, los propietarios de estas construcciones, «compradores en su mayoría de buena fe, se encuentran en una situación de enorme preocupación como consecuencia del enorme perjuicio que sobre el valor de sus inmuebles estos anuncios han producido». Según el PP, esta «inquietud se ha visto acrecentada una vez conocido el sistema de compensaciones que establece la Junta en el Plan General, que les obliga a asumir con su patrimonio la compensación necesaria para regularizar sus viviendas».
Promotoras
Para el grupo popular, parece haberse producido «un cambio de criterio por parte de los responsables del Gobierno andaluz sobre este particular, después de que el presidente de la Junta, Manuel Chaves, dijera el pasado 31 de octubre que los propietarios individuales de las casas no tienen que tener una mayor preocupación porque quien tiene que pagar las compensaciones con terrenos o de la forma que establece el PGOU son los promotores, las inmobiliarias y los constructores».






