Gibraltar
Futura regulación para las financieras de créditos fáciles
21.10.07 -
El Gobierno ya tiene preparado el anteproyecto de ley que llevará a aplicar las condiciones que ahora mismo se exigen a bancos, cajas de ahorro y cooperativas de crédito, cuando conceden préstamos, a financieras que ofrecen el reagrupamiento de deudas.
Según los futuros requerimientos, las compañías tendrán que formular a su cliente una oferta vinculante por escrito que tendrá una validez de diez días. En las operaciones de agrupamiento de deudas, el consumidor disfrutará de 14 días naturales para pensárselo, plazo en el que podrá desistir.
Y, cuando se trate de intermediadoras independientes, tendrán que presentar al consumidor al menos tres propuestas distintas y asesorarle sobre ellas.
El secretario de Estado de Economía, David Vegara, anunció que el anteproyecto ya ha sido remitida al Consejo de Estado, si bien reconoció que seguramente no dará tiempo a su aprobación en esta legislatura.
El anteproyecto de ley impone a todas las entidades de crédito la obligación de inscribirse en los registros públicos que puedan crearse por las Comunidades Autónomas. La norma impone, además, la transparencia en los precios. No podrán aplicar precios superiores, y las comisiones responderán a servicios prestados o a gastos ocasionados, entre otras medidas.
Según los futuros requerimientos, las compañías tendrán que formular a su cliente una oferta vinculante por escrito que tendrá una validez de diez días. En las operaciones de agrupamiento de deudas, el consumidor disfrutará de 14 días naturales para pensárselo, plazo en el que podrá desistir.
Y, cuando se trate de intermediadoras independientes, tendrán que presentar al consumidor al menos tres propuestas distintas y asesorarle sobre ellas.
El secretario de Estado de Economía, David Vegara, anunció que el anteproyecto ya ha sido remitida al Consejo de Estado, si bien reconoció que seguramente no dará tiempo a su aprobación en esta legislatura.
El anteproyecto de ley impone a todas las entidades de crédito la obligación de inscribirse en los registros públicos que puedan crearse por las Comunidades Autónomas. La norma impone, además, la transparencia en los precios. No podrán aplicar precios superiores, y las comisiones responderán a servicios prestados o a gastos ocasionados, entre otras medidas.
