Diario Sur

Los profesores malagueños confiesan que se sienten con frecuencia amenazados en su labor diaria. Pero, al contrario de lo que se pudiera pensar, el motivo de su preocupación no son tanto los alumnos como sus padres. Los propios docentes, los sindicatos y los abogados especializados en estos conflictos confirman que la inmensa mayoría de las agresiones, los insultos y las amenazas graves no proceden de sus pupilos, sino del entorno familiar de estos.

Existe incluso un perfil típico de la situación que motiva un conflicto con los progenitores: se trata del tutor que interviene para separar una pelea, con o sin castigo para las partes. A continuación, uno de los implicados cuenta a su familia que el profesor le ha agredido y los padres acuden al centro a vengar la afrenta.

María Dolores López tiene una dilatada experiencia en esta materia. Es abogada del gabinete jurídico de CC. OO. en Málaga y responsable del servicio de atención a los docentes que son víctimas de malos tratos, y confirma que en la práctica totalidad de los casos que trata el protagonista es alguien del entorno familiar, y no el alumno.

«El niño que causa un conflicto dentro del centro tiene su cauce administrativo y su sanción, pero las agresiones siempre proceden de adultos». Los alumnos pueden hacer daño a los bienes, contra los coches o las puertas de los despachos. «Las agresiones, amenazas e insultos graves provienen de adultos del entorno familiar: madres, padres, abuelos o tíos».

A su juicio, otra forma de agresión habitual es el hecho de ser denunciado. Nuevamente, por los padres. «El profesor se sienta en un banquillo por separar a dos alumnos en una pelea o por quitarle el móvil a un niño que lo estaba utilizando en clase. Llegan a plantearse: Y si me quedo quieto y no hago nada, ¿qué me puede pasar?» Se han producido situaciones muy graves en Málaga, como la denuncia por abusos sexuales que se han demostrado que eran falsas. «A uno le costó la jubilación anticipada y a otro una baja de casi tres años».

Vejaciones

Sin llegar a esos extremos, recuerda vejaciones tales como la de una madre, que escupió en la cara a una directora de un colegio. La de unos padres -de alta posición económica- que irrumpieron en el despacho con insultos y amenazas. Y la de una maestra que fue agredida por limpiar de parásitos a una niña. El servicio que dirige ha recibido casi 200 casos en Málaga en poco más de un año. Ello supone un tercio de todas las atendidas a nivel andaluz.

La abogada recomienda en estas situaciones que se tramite como 'atentado a un funcionario público', esto es, como delito, y no como falta. «La diferencia es muy importante. Si lo instruye un juzgado de lo penal habrá diligencias e investigaciones, y las sanciones serán mucho mayores», con penas incluso de cárcel. «En lo sucesivo se lo pensarán antes de ponerle la mano encima». En Málaga ya hay dos precedentes (en Fuengirola y en la capital) en que el fiscal ha formulado acusación. Se pide para los autores un año de privación de libertad. En contra juega la lentitud del proceso (más de un año) y el hecho de que muchos de los afectados prefieran pasar página lo antes posible. «Estas personas se quedan muy tocadas», suspira.

Francisco Fortuny es el delegado en Málaga de la Asociación de Profesores de Instituto (APIA). Como él dice, lleva en el cuerpo 13 centros, los últimos en La Cala y Alhaurín el Grande, y asegura que existe una campaña contra la autoridad del docente. «El padre protesta las medidas que el profesor y la dirección toman contra el alumno», comenta. «El estudiante cuenta al padre su versión y éste no se informa de la otra parte, sino que agrede directamente o denuncia al profesor», relata, como situaciones que ha vivido. «Otras veces llamamos al padre de un alumno conflictivo y éste insulta al docente delante del hijo».

Profesor culpable

Puntualiza que no es general, pero dice que se ha creado una atmósfera de que si hay un culpable, es el profesor. «No pasa con la mayoría de los padres, son una minoría pero es muy peligrosa y hace mucho ruido».

Los conflictos son causa de bajas laborales. De las más de 4.000 ausencias del puesto que se producen cada año en Málaga, el 10% son motivadas por cuestiones anímicas y psicológicas (como estrés y depresiones), según los datos aportados por el sector. No obstante, UGT eleva considerablemente estas cifras. Para su responsable de Educación en Málaga, Teresa Blanca, puede llegar hasta el 23%, «al estar el problema psicológico enmascarado en úlceras y contracturas». Un estudio de la formación considera que la mitad de los profesionales causan baja al menos una vez. Como promedio, el 13% se debe a patologías psiquiátricas. En Málaga, el censo es de 14.500 profesores en el sistema público.

Teresa Blanca afirma que es necesario reforzar la autoridad del docente, con el apoyo de la Administración, los padres, los alumnos y la sociedad, y asegura que los conflictos surgen sobre todo con jóvenes sobreprotegidos, que no valoran el esfuerzo y con escasa resistencia a la frustración.

Rafael Villanueva, miembro de CSI- CSIF, indica que muchos profesionales se sienten indefensos ante la falta de comprensión de los padres y de los alumnos -que causa la desmotivación de las plantillas- y alerta de un deterioro continuo de la convivencia. Unos y otros coinciden en que el diálogo y el trabajo conjunto de la Administración, los padres y los profesionales son claves para crear un clima de racionalidad en las aulas.