Diario Sur

Sin que haya finalizado la discusión entre el Ayuntamiento y la Sociedad Estatal de Promoción y Equipamiento de Suelo (Sepes) sobre la propiedad de la parcela del polígono Guadalhorce en la que se alzará la nueva cárcel de régimen abierto, ya han comenzado las obras de esta instalación penitenciaria, que actualmente se encuentra en el inmueble de la antigua prisión, en la avenida de Ortega y Gasset. Este periódico pudo comprobar ayer que los trabajos del nuevo edificio, valorados en 12 millones de euros y con un plazo de ejecución de un año, ya han comenzado y marchan a buen ritmo. Las máquinas de la constructora Comsa trabajan actualmente en los cimientos de la edificación, que ocupará una parcela de unos 11.000 metros cuadrados, situada en una zona próxima al apeadero de la línea de cercanías Málaga-Fuengirola.

El Gobierno central aún sostiene que el suelo es de su propiedad y, por ello, se ha visto capacitado para empezar la cárcel, que no necesita licencia de obras del Ayuntamiento por tratarse de una actuación de interés general del Estado. En cambio, el Consistorio reclama que el solar se escriture a nombre de la ciudad junto con otra serie de suelos del polígono Guadalhorce que estaban pendientes de cesión al municipio y que suman 410.181 metros cuadrados.

Resolución

De hecho, la Gerencia de Urbanismo aprobó en julio una resolución para ocupar esas superficies. No obstante, tres meses más tarde, ha retomado los contactos con Sepes para lograr arrancarle al Gobierno central algún tipo de compensación por la construcción de la cárcel de fin de semana en el polígono Guadalhorce. Los empresarios de esta zona han manifestado en varias ocasiones su rechazo a que se ubique en este lugar, una oposición que justifican en que ven al centro de inserción como un perjuicio más para el entorno que se sumará a los actuales problemas de infraestructuras y prostitución que padece.

El pasado martes, el alcalde, Francisco de la Torre, y el concejal de Urbanismo, Manuel Díaz, mantuvieron una reunión con el director de Sepes, Félix Arias, para volver a solicitarle que escriture a nombre del Ayuntamiento las parcelas que están pendientes de cesión del polígono Guadalhorce desde su construcción. Urbanismo se acoge a un real decreto del año 97 para reclamar los terrenos -entre ellos el suelo de la nueva cárcel- por considerar que le pertenecen, según el reparto de suelos que se produjo entre Sepes y el Ayuntamiento a la hora de ordenar las parcelas del polígono. Para ello, dio a Sepes un periodo de audiencia en el que la sociedad estatal presentó una alegación en la que defendía que los terrenos para la construcción de la cárcel de régimen abierto son suyos. Esto lo argumentó por el contenido de un convenio del año 1992.

Propuesta

Sin embargo, Urbanismo rechazó en julio esa alegación y se mostró dispuesto a seguir con el trámite para la ocupación de las fincas «que debieron ser cedidas obligatoriamente en el polígono industrial Guadalhorce», según se indicó en la propuesta aprobada. De este modo, el Ayuntamiento se otorgó la facultad de poder inscribirlas a su nombre en el registro de la propiedad.

No obstante, ha optado finalmente por retomar la negociación con Sepes para poder obtener de la Administración central algún tipo de compensación por la construcción de la cárcel.

Inicialmente, el planteamiento del alcalde era acordar una permuta entre el suelo del Guadalhorce y el edificio de la antigua prisión en Cruz del Humilladero, con lo que se lograría un equipamiento para esta barriada del oeste de la ciudad. Pese a que no ha sido así, De la Torre ha reiterado en varias ocasiones que la prisión de Ortega y Gasset pasará a ser del municipio cuando el edificio deje de tener uso penitenciario.