Diario Sur

La Fiscalía de la Audiencia Nacional ordenó ayer al Gobierno catalán que identifique cuanto antes a las dos personas que el jueves quemaron cuatro fotografías de los Reyes frente al Ayuntamiento de Gerona. En principio, este requerimiento dio resultado puesto que en la documentación remitida por la Consellería de Interior constan indicios suficientes para desvelar la identidad de uno de ellos. Los independentistas, que pretendían protestar así por la visita de don Juan Carlos a esa ciudad catalana, serán acusados de injurias graves a la más alta representación del Estado, un delito castigado con penas de entre seis meses y dos años de cárcel. La vicepresidenta primera del Gobierno respaldó la actuación del fiscal y se mostró convencida de que las instituciones democráticas son suficientemente fuertes para hacer cumplir la ley.

María Teresa Fernández de la Vega condenó «sin paliativos» los incidentes, pero de igual forma les restó significación política. Se negó a considerarlos como exponente de una radicalización generalizada del mundo independentista catalán. En contra de las tesis del PP, que ve en este episodio el mejor ejemplo de que Zapatero ha contribuido con sus políticas a la exaltación de los nacionalismos,

Brotes recurrentes

De la Vega alegó que este tipo de «brotes» han sido «recurrentes» en los últimos 30 años. «No creo que pase nada que no haya ocurrido en otras ocasiones, pero lo importante es que el sistema funciona muy bien y que las instituciones siempre han demostrado su fortaleza». Aseguró también que el Gobierno se mantendrá firme en el principio democrático de que todo puede ser defendido en el ámbito de las ideas y a través de la palabra, conforme al «pacto de convivencia» sellado en la Constitución. «Lo que esté fuera de ese ámbito no es asumible», subrayó. A esta norma responde también, de acuerdo con su explicación, la actuación del fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza, y su decisión de dirigirse al consejero de Interior de la Generalitat, Joan Saura, para que «en su condición de máximo responsable de la seguridad pública» en Cataluña y con «la mayor urgencia posible» informe al Ministerio Público de «las actuaciones practicadas por los Mossos d'Esquadra» sobre los incidentes ante el Ayuntamiento de Gerona y para que «remita cuantas evidencias acrediten su realización y la identificación de los ejecutores materiales de tales actos ilícitos». Un paso efectuado en la mañana de ayer y que ya ha dado resultados.

El fiscal jefe, que recuerda a Saura que todos los delitos contra la Corona (título XXI, capítulo II del Código Penal) son competencia de la Audiencia, no hace mención en su escrito de las consignas contra los Reyes que profirieron los congregados.