El escrito del concejal está fechado el seis de febrero, mientras que la petición de la empresa corresponde al nueve de febrero. Sin embargo, Guerra achacó esta supuesta incoherencia a «un error» en la redacción del documento y recordó que, a efectos administrativos, la fecha que cuenta es la que figura en el registro de entrada y de salida.
En este sentido, el Consistorio aportó ayer a este periódico los dos documentos. En el de solicitud de la empresa, la fecha del registro de entrada es del 10 de febrero. La respuesta del concejal tiene fecha de salida del 8 de marzo, pese a que en el encabezamiento que precede a la firma aparece el 6 de febrero.
Respecto a otro caso similar que mencionan los investigadores en el sumario, Guerra señaló que previsiblemente se debía a un error en la misma línea, si bien no pudo asegurarlo por encontrarse este último expediente en el Juzgado de Instrucción número 2 de Coín, encargado de las diligencias.
Preguntado por la razón por la que la policía había tomado como referencia las fechas que figuran en los escritos y no las que aparecen en el sello del registro, el concejal apuntó a «dos lecturas posibles». «O se ha hecho de forma malintencionada o es que desconocen los procedimientos administrativos», declaró el edil.
Las incoherencias en las fechas de estos expedientes constituyen otro de los pilares en los que se apoya la policía en su investigación sobre supuestas irregularidades en la tramitación de licencias urbanísticas en el 'caso Troya', donde están imputadas un total de 24 personas.












