Ceuta
Tesón rechazó un recurso de Moro para archivar el caso de las expulsiones
El presidente de la Audiencia desestimó en el año 2000 una queja del entonces delegado del Gobierno tras reabrir la causa de las deportaciones ilegales de menores El juez instructor ordenó cerrar el procedimiento sin completar las diligencias
NUEVA CAUSA. Luis Vicente Moro sale de la Audiencia Provincial el pasado 3 de junio. / SKN
El magistrado Fernando Tesón, al frente de la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Cádiz, con sede en Ceuta rechazó en una ocasión el archivo del caso de las expulsiones ilegales de menores marroquíes por la frontera del Tarajal que presuntamente ordenara el ex delegado del Gobierno Luis Vicente Moro cuando ocupaba el edificio de la plaza de los Reyes. En el año 2000 Moro presentó un recurso en contra de la decisión adoptada por la Sección de la Audiencia que preside Fernando Tesón en contra del auto por el que el Juzgado de Instrucción número 3 de Ceuta archivó la causa, iniciada después de que en octubre de 1998 unos policías locales presentaron ante la Fiscalía una denuncia contra sus superiores.
Ésta sería la primera vez de las tres que, según fuentes judiciales, la Audiencia ha ordenado la reapertura del caso, ahora pendiente de que se señale la vista oral. La Fiscalía no ve indicios de delito en este caso, pero la acusación particular ejercida por la Asociación Pro Derechos Humanos (APDH) mantiene las acusaciones contra Luis Vicente Moro y el jefe político de la Policía Local en el momento de los hechos, Antonio Francia, entonces consejero de Gobernación. Ambos están acusados de detención ilegal y de prevaricación. Moro presuntamente por ordenarlas y Francia por dirigir «toda» la actuación policial. Por el primero de estos delitos, APDH pide seis años de prisión y doce años de inhabilitación absoluta y por el segundo, que considera cometido de manera continuada, diez años de inhabilitación especial para empleo o cargo público.
Juez dócil
La decisión que adoptó la Sección Sexta de la Audiencia, en el auto firmado por Tesón, estaba justificada en la propia instrucción del caso. El Juzgado de Instrucción número 3 había practicado varias diligencias. Algunas de ellas no habían llegado, pero pese a ello acordó su archivo. El caso volvió a ser archivado dos ocasiones y en otras tantas, la Audiencia ordenó de nuevo su apertura, pero en ningún de estos dos últimos autos fueron firmados por su presidente. Con Tesón o sin él, la Audiencia, por tanto, siempre ha mantenido el mismo criterio.
La resolución que adoptó Tesón en 2000 y que -como las otras resoluciones de la Audiencia contra el archivo- ha servido para que el caso acabe en los tribunales, ha sido uno de los argumentos esgrimidos por el magistrado como móvil del ex delegado del Gobierno para acabar presuntamente urdiendo una trama contra él que acabó con un informe policial que llegó a las manos del diario 'El País'. Esto y la decisión de la Audiencia -firmada por Tesón, pero también José María Pacheco y Antonio Navas- de acordar la libertad provisional para los tres grandes imputados por el asesinato -en la Nochevieja de 1999- de un narcotraficante apodado 'Kimbi': Mustafa Ahmed Abdeselam, 'Tafa Sodia'; Abdelah Abdeselam Ahmed, 'Abdelilah', y Hamadi Amar Mohamed, 'Mario'. Ambas resoluciones, la de las expulsiones de menores en 2000 y las del 'caso Kimbi' en diciembre de 2001, explicarían que Tesón no era ese juez 'dócil' que quería el entonces delegado del Gobierno, según sostienen las acusaciones.
Ahora, por este caso, cuya vista se reanudará el 6 de septiembre, Moro está acusado de los delitos de prevaricación, contra la independencia del poder judicial, calumnias, infidelidad en las custodia de documentos y revelación de secretos. Los cuatro primeros imputados por la Fiscalía y la acusación particular, y el último sólo por la parte interesada.
Ésta sería la primera vez de las tres que, según fuentes judiciales, la Audiencia ha ordenado la reapertura del caso, ahora pendiente de que se señale la vista oral. La Fiscalía no ve indicios de delito en este caso, pero la acusación particular ejercida por la Asociación Pro Derechos Humanos (APDH) mantiene las acusaciones contra Luis Vicente Moro y el jefe político de la Policía Local en el momento de los hechos, Antonio Francia, entonces consejero de Gobernación. Ambos están acusados de detención ilegal y de prevaricación. Moro presuntamente por ordenarlas y Francia por dirigir «toda» la actuación policial. Por el primero de estos delitos, APDH pide seis años de prisión y doce años de inhabilitación absoluta y por el segundo, que considera cometido de manera continuada, diez años de inhabilitación especial para empleo o cargo público.
Juez dócil
La decisión que adoptó la Sección Sexta de la Audiencia, en el auto firmado por Tesón, estaba justificada en la propia instrucción del caso. El Juzgado de Instrucción número 3 había practicado varias diligencias. Algunas de ellas no habían llegado, pero pese a ello acordó su archivo. El caso volvió a ser archivado dos ocasiones y en otras tantas, la Audiencia ordenó de nuevo su apertura, pero en ningún de estos dos últimos autos fueron firmados por su presidente. Con Tesón o sin él, la Audiencia, por tanto, siempre ha mantenido el mismo criterio.
La resolución que adoptó Tesón en 2000 y que -como las otras resoluciones de la Audiencia contra el archivo- ha servido para que el caso acabe en los tribunales, ha sido uno de los argumentos esgrimidos por el magistrado como móvil del ex delegado del Gobierno para acabar presuntamente urdiendo una trama contra él que acabó con un informe policial que llegó a las manos del diario 'El País'. Esto y la decisión de la Audiencia -firmada por Tesón, pero también José María Pacheco y Antonio Navas- de acordar la libertad provisional para los tres grandes imputados por el asesinato -en la Nochevieja de 1999- de un narcotraficante apodado 'Kimbi': Mustafa Ahmed Abdeselam, 'Tafa Sodia'; Abdelah Abdeselam Ahmed, 'Abdelilah', y Hamadi Amar Mohamed, 'Mario'. Ambas resoluciones, la de las expulsiones de menores en 2000 y las del 'caso Kimbi' en diciembre de 2001, explicarían que Tesón no era ese juez 'dócil' que quería el entonces delegado del Gobierno, según sostienen las acusaciones.
Ahora, por este caso, cuya vista se reanudará el 6 de septiembre, Moro está acusado de los delitos de prevaricación, contra la independencia del poder judicial, calumnias, infidelidad en las custodia de documentos y revelación de secretos. Los cuatro primeros imputados por la Fiscalía y la acusación particular, y el último sólo por la parte interesada.
