Ceuta
La Fiscalía sostiene que Moro quiso influir en las resoluciones del juez Tesón
El ex delegado del Gobierno se enfrenta a una acusación por un delito contra la independencia del poder judicial, un hecho casi inusual en la historia
30.06.07 -
'PITI'. Por quien intercedió Moro durante su declaración en el 'caso Kimbi'. / SUR
Muchas miradas estarán puestas la próxima semana en la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Cádiz. Y no todas llegan desde Ceuta. En la sala de vistas de la Audiencia será juzgado -los días 2, 3 y 4 de julio- un delito contra la independencia del poder judicial, algo inusual en la historia judicial española, que, por su hubiera pocos ingredientes peculiares, llega a juzgarse a partir de una decisión del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). El acusado es el ex delegado del Gobierno Luis Vicente Moro. Y la víctima, el presidente de la Sección Sexta de la Audiencia, el magistrado Fernando Tesón, lo que ha obligado a que se desplace un tribunal de Cádiz para juzgar el asunto.
Por este delito, la Fiscalía, ejercida por la fiscal jefe de la Audiencia, Ángeles Ayuso, pide para Moro un año de prisión, cuatro meses de multa a razón de 25 euros al día y dos años de inhabilitación para empleo o cargo público, mientras que la acusación particular, ejercida por el magistrado, eleva la petición a un año y seis meses, una multa de siete meses a 250 euros al día e inhabilitación para empleo o cargo público por cuatro años.
Alarma social
Narcotraficantes, bandas, delincuencia... serán a buen seguro algunas de las palabras que más repitan en la sala de vistas. Pero, nada de esto, ni mucho menos, está relacionado con los delitos que se le imputan al ex delegado del Gobierno, ni a las otras tres personas que le acompañarán en el banquillo de los acusados, los policías Alejandro Valle, comisario de Ceuta en el momento de los hechos y hoy jefe de la Policía en la Comunidad Valenciana, y el inspector Mariano Arévalo, entonces responsable de la Policía Judicial, y el jefe de Prensa de la Delegación del Gobierno, Roberto Franca. Para Moro hablar de estas cuestiones será la base para justificar que encargara a Valle, tal y como ha reconocido el mando policial durante la instrucción, un informe sobre Tesón que acabó en las manos del diario 'El País', y plasmado por primera vez en un artículo aparecido el domingo 21 de abril de 2002.
Durante la instrucción del caso, Moro ha sostenido la investigación al magistrado en «la alarma social» que supuestamente había generado la excarcelación de algunas de las personas a las que la Policía atribuye el liderazgo de las principales bandas de delincuencia organizada, aunque nunca hayan sido condenados por este delito: Mustafa Ahmed Abdeselam, 'Tafa Sodia', Abdallah Abdesalam Abmed, 'Abdelilah', y Hamadi Amar Mohamed, 'Mario'. El telón de fondo era el asesinato del 'Kimbi', hoy un caso ya juzgado, y en el que las defensas apuntaron a la confabulación política como la causa de su procesamiento. La Sección Sexta, en un auto firmado en diciembre de 2000 por Tesón, pero también por los magistrados José María Pacheco y Antonio Navas, había acordado poner en libertad a estos tres procesados.
Con testigos
La base del delito contra la independencia del poder judicial que imputan a Moro la fiscal y la acusación particular está en la cena celebrada el 12 de febrero de 2002 en el Hotel La Muralla con motivo de la visita de dos vocales del CGPJ, a la que también asistían autoridades políticas y del ámbito judicial. Allí, según la Fiscalía, Moro «recriminó» a Tesón, «delante de los presentes», los autos de libertad del caso 'Kimbi' y otro por el que Audiencia decidía mantener en la cárcel en un asunto de intento de homicidio a Abdelkader Ali Derdabi, 'Piti', la persona que acompañaba al 'Kimbi' en el momento de sus asesinato y que había testificado contra los procesados por esta muerte.
Según la fiscal, «Luis Moro insistió en tono de enfado en que esas resoluciones eran inadecuadas y escandalosas y avisó a Fernando Tesón, en tono intimidatorio, de que esas decisiones iban a provocar un escándalo en la prensa, anunciando que serían publicadas en el diario El País y precisando que él mismo podía parar la publicación de noticias semejantes», pero que «ya no lo haría en esta segunda ocasión».
Para la acusación particular, «el gratuito y no menos intencionado discurso» del entonces delegado del Gobierno tenía «inequívocamente» como fin «condicionar» la actuación de Tesón «en el sentido que le interesaba». Las expresiones utilizadas, según el escrito de petición de la apertura de juicio oral de la acusación particular, eran «alusiones prácticamente coincidentes con el contenido de la nota policial calumniosa» que por aquel entonces ya obraba en su poder y que todavía no había sido publicada en El País.
Por este delito, la Fiscalía, ejercida por la fiscal jefe de la Audiencia, Ángeles Ayuso, pide para Moro un año de prisión, cuatro meses de multa a razón de 25 euros al día y dos años de inhabilitación para empleo o cargo público, mientras que la acusación particular, ejercida por el magistrado, eleva la petición a un año y seis meses, una multa de siete meses a 250 euros al día e inhabilitación para empleo o cargo público por cuatro años.
Alarma social
Narcotraficantes, bandas, delincuencia... serán a buen seguro algunas de las palabras que más repitan en la sala de vistas. Pero, nada de esto, ni mucho menos, está relacionado con los delitos que se le imputan al ex delegado del Gobierno, ni a las otras tres personas que le acompañarán en el banquillo de los acusados, los policías Alejandro Valle, comisario de Ceuta en el momento de los hechos y hoy jefe de la Policía en la Comunidad Valenciana, y el inspector Mariano Arévalo, entonces responsable de la Policía Judicial, y el jefe de Prensa de la Delegación del Gobierno, Roberto Franca. Para Moro hablar de estas cuestiones será la base para justificar que encargara a Valle, tal y como ha reconocido el mando policial durante la instrucción, un informe sobre Tesón que acabó en las manos del diario 'El País', y plasmado por primera vez en un artículo aparecido el domingo 21 de abril de 2002.
Durante la instrucción del caso, Moro ha sostenido la investigación al magistrado en «la alarma social» que supuestamente había generado la excarcelación de algunas de las personas a las que la Policía atribuye el liderazgo de las principales bandas de delincuencia organizada, aunque nunca hayan sido condenados por este delito: Mustafa Ahmed Abdeselam, 'Tafa Sodia', Abdallah Abdesalam Abmed, 'Abdelilah', y Hamadi Amar Mohamed, 'Mario'. El telón de fondo era el asesinato del 'Kimbi', hoy un caso ya juzgado, y en el que las defensas apuntaron a la confabulación política como la causa de su procesamiento. La Sección Sexta, en un auto firmado en diciembre de 2000 por Tesón, pero también por los magistrados José María Pacheco y Antonio Navas, había acordado poner en libertad a estos tres procesados.
Con testigos
La base del delito contra la independencia del poder judicial que imputan a Moro la fiscal y la acusación particular está en la cena celebrada el 12 de febrero de 2002 en el Hotel La Muralla con motivo de la visita de dos vocales del CGPJ, a la que también asistían autoridades políticas y del ámbito judicial. Allí, según la Fiscalía, Moro «recriminó» a Tesón, «delante de los presentes», los autos de libertad del caso 'Kimbi' y otro por el que Audiencia decidía mantener en la cárcel en un asunto de intento de homicidio a Abdelkader Ali Derdabi, 'Piti', la persona que acompañaba al 'Kimbi' en el momento de sus asesinato y que había testificado contra los procesados por esta muerte.
Según la fiscal, «Luis Moro insistió en tono de enfado en que esas resoluciones eran inadecuadas y escandalosas y avisó a Fernando Tesón, en tono intimidatorio, de que esas decisiones iban a provocar un escándalo en la prensa, anunciando que serían publicadas en el diario El País y precisando que él mismo podía parar la publicación de noticias semejantes», pero que «ya no lo haría en esta segunda ocasión».
Para la acusación particular, «el gratuito y no menos intencionado discurso» del entonces delegado del Gobierno tenía «inequívocamente» como fin «condicionar» la actuación de Tesón «en el sentido que le interesaba». Las expresiones utilizadas, según el escrito de petición de la apertura de juicio oral de la acusación particular, eran «alusiones prácticamente coincidentes con el contenido de la nota policial calumniosa» que por aquel entonces ya obraba en su poder y que todavía no había sido publicada en El País.
