Diario Sur

El ex delegado del Gobierno Luis Vicente Moro se enfrenta a una pena de cinco años y medio de prisión y trece y medio de inhabilitación para empleo o cargo público por su supuesta actuación contra el presidente de la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Cádiz, Fernando Tesón. Es la condena que solicita para el que fuera el máximo representante del Ejecutivo de Aznar en Ceuta la acusación particular ejercida por Tesón en un caso que llevará a los tribunales la próxima semana de la mano de la Fiscalía y en la que están citados como testigos abogados, jueces, periodistas y hasta el presidente de la Ciudad Autónoma, Juan Vivas, y el ex secretario de Estado Pedro Morenés.

En el banquillo de los acusados, en la vista que se celebrará en la Sección Sexta los días 3, 4 y 5 de julio con un tribunal llegado de Cádiz, se sentarán junto a Moro el ex comisario del Cuerpo Nacional de Policía en Ceuta y desde 2002 jefe superior de Policía en la Comunidad Valenciana, Alejandro Valle, el entonces jefe de la Policía Judicial, Mariano Arévalo, ahora en situación de segunda actividad, y el jefe de Prensa de la Delegación del Gobierno, Roberto Franca, es decir, las mismas personas que están imputadas durante el proceso de instrucción de este caso, con la excepción de la desaparecida Elena Sánchez.

El ex delegado del Gobierno está acusado de cuatro delitos por la acusación popular, que será ejercida por la fiscal jefe de la Audiencia Provincial de Cádiz, Ángeles Ayuso: prevaricación, contra la independencia del poder judicial, infidelidad en la custodia de documentos y calumnias. Por ellos la fiscal jefe solicita unas condenas que suman dos años de prisión, siete de inhabilitación para cargo público y tres más para cargo u oficio público. La acusación particular suma a esos cuatro delitos, uno continuado de revelación de secretos, que imputa a los cuatro acusados y por los que solicita penas que van desde los tres años de cárcel que pide para Moro y el ex comisario Valle a los dos para el inspector Arévalo, que eleva a los 26 meses en el caso del periodista, al que acusa también de calumnias.

Para Valle y Arévalo, la Fiscalía solicita condenas por prevaricación (siete años de inhabilitación para cargo público) y calumnias (uno de cárcel), mientras que para Franca sólo una condena por calumnias (un año de cárcel). La acusación particular añade para Valle el delito de infidelidad en la custodia de documentos y el referido de revelación de secretos. Estos dos mismos delitos los mantiene para Arévalo, junto al de calumnias, pero, a diferencia de la Fiscalía, no lo acusa de prevaricación.

«Pura invención»

El ex delegado del Gobierno está acusado de tejer un plan contra Tesón. La fiscal jefe mantiene que Moro encargó en diciembre de 2001 al entonces comisario Alejandro Valle que elaborara una nota informativa sobre el juez. El fin sería «desprestigiar» al magistrado y la vía, según sostiene Ayuso, un texto que fuera «pura invención». Valle encargó el trabajo al entonces jefe de la brigada de Policía Judicial, el inspector Mariano Arévalo, al que Tesón había condenado en 1999 por torturas y palizas a un detenido, y que aceptó el encargo. En la nota se acaba diciendo que Tesón quería poner en libertad a conocidos delincuentes imputados por el asesino del ‘Kimbi’, ocurrido en la Nochevieja del 99 y ya juzgados por la Audiencia Provincial. El documento acaba llegando de la mano de Valle y Moro a la Subdirección General Operativa y a la Secretaría de Estado del Ministerio del Interior.

Ya en 2002, el ex delegado del Gobierno da los pasos para que ese documento acabe publicado. Para ello, encarga esas gestiones al jefe de Prensa de la Delegación del Gobierno, Roberto Franca que según la fiscal, aceptó difundir la nota «pese a ser sabedor de que no era producto de ninguna investigación y de que su contenido no se atenía a la realidad». Moro y Franca, siempre según el ministerio público, acaban entregando el documento policial a un prestigioso periodista del diario El País, que lo tuvo en poder durante varios meses hasta que el domingo 21 de abril de 2002 sale publicada la información, que llega incluso a ser tema de portada.

Sorprende el informe

El artículo, titulado ‘Denuncias por el fácil acceso de los narcos al presidente de la Audiencia de Ceuta’, motivó la apertura de un expediente informativo por parte del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). El CGPJ, tras recabar la nota policial y la opinión del propio Tesón, acabó archivando la causa, asegurando en su resolución que del informe policial llamaba la atención «el mero hecho de su existencia».

El Consejo creyó que la publicación de la noticia respondía a una filtración y dedujo testimonio por si los hechos protagonizados por Moro y la Policía eran constitutivos de delitos. Ese paso –y no una denuncia del juez– llevó el caso hasta el Juzgado de Instrucción número 4 de Ceuta en un proceso que se culminará la próxima semana con la vista oral.La información, según sostiene la acusación particular, además de ‘El País’, se quiso poner en manos de un diario local, al que se le ofreció la misma nota policial.