La Fiscalía de Medio Ambiente ha abierto diligencias de investigación por un posible delito contra la ordenación del territorio en el proyecto de la central térmica de ciclo combinado de la barriada malagueña de Campanillas, tras la denuncia que interpuso el grupo municipal de IU en el Ayuntamiento de Málaga el pasado febrero.
Así, los concejales electos Pedro Moreno Brenes y Antonio Serrano, junto con el responsable de la Asamblea del distrito de Campanillas de IU, José Subires, recordaron en rueda de prensa que las obras de la central ya habían comenzado en virtud de una licencia concedida por el Consistorio malagueño "de forma ilegal".
En el escrito que presentaron, los representantes de la coalición en la Asamblea del distrito y en el Ayuntamiento exponían que los terrenos sobre los que se pretende levantar la central están clasificados como no urbanizables con protección especial de agrícola de regadío en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) actualmente vigente, puesto que la revisión está aún en aprobación inicial.
Asimismo, se precisaba en la denuncia que "actualmente se lleva a cabo una modificación puntual de elementos para cambiar la clasificación de la parcela a sistema general técnico", explicó Serrano.
En el documento se ponía de manifiesto que actualmente se están ejecutando obras de vallado, movimientos de tierras, instalación de casetas, canalizaciones e incluso pilotado con una licencia "de obra menor concedida en precario y con carácter provisional"; además de indicar que el Consistorio no ha establecido control de vigilancia, "ni seguimiento". Además, estas actuaciones ya fueron denunciadas por los Verdes ante la Fiscalía, que abrió diligencias de investigación.
En la denuncia de la coalición de izquierdas se señalaba que, según la legislación, "no se pueden conceder licencias para efectuar obras o instalaciones incompatibles con el uso que determina la protección del suelo", en este caso de regadío, y se añadía que, en cualquier caso, las actuaciones que se realizan actualmente "exceden de las autorizadas por el Ayuntamiento".
Serrano consideró que desde el Consistorio se "ha infravalorado" las obras realizadas, abriendo un expediente por el que se aplica una sanción de 1.062 euros en función a la paralización, "cuando la realidad es que las obras no han paralizado sino tan sólo un día, el de la inspección enviada por Urbanismo".
Críticas
Por su parte, Moreno Brenes criticó, tanto desde el punto de vista de la legalidad como del político, las posturas del PP y PSOE respecto a la central de ciclo combinado de Campanillas. "No se puede mentir, no se puede decir que la central significa una eliminación y reducción de la contaminación", sino que "contamina y en consecuencia incrementa y acentúa los efectos perniciosos del cambio climático", apostilló.
Según Moreno la responsabilidad la tiene tanto el Ayuntamiento de Málaga "porque modifica o intenta modificar el planeamiento" pero también "tanto el Ministerio como la Consejería competente en el ámbito de la Junta de Andalucía otorgando las sucesivas autorizaciones".
Asimismo, resaltó que "los intereses de las grandes empresas -como en el caso de Gas Natural que realiza las obras de construcción de la central- se han impuesto sobre la voluntad de la ciudadanía, especialmente de los malagueños de Campanillas". Moreno apuntó que en este caso "se han adelantado los procesos para favorecer los intereses de la empresa".
Serrano puntualizó que "aunque casi la totalidad de las competencias las pueden tener otras administraciones como la Junta de Andalucía o el gobierno central, lo que está claro es que el Ayuntamiento, con el alcalde a la cabeza, ha puesto suelo para este tipo de instalaciones", lamentó Serrano.
En este sentido recordó que esta central "viene rechazada por el alcalde socialista y los ciudadanos de Sevilla, así como por el alcalde del PP y los ciudadanos de Huelva" y criticó que "no contentos con que están instalando la primera, además han previsto en el Guadalhorce montar una segunda central".
