El ex alcalde de Marbella Julián Muñoz declaró hoy en el Juzgado de Primera Instancia número 5 de la ciudad en relación a la denuncia presentada por Ecologistas en Acción sobre supuestas irregularidades en la construcción del hotel Senator, promovido por la cadena Hoteles Playa.
Muñoz, que fue trasladado esta mañana a Marbella desde la cárcel de Jaén, donde cumple condena por el 'caso Proinsa' y está en prisión provisional por el 'caso Malaya', abandonó los juzgados a las 12.40 horas, tras declarar ante el juez durante unos veinte minutos.
También prestó hoy declaración el ex edil de Marbella Rafael González, que cumple condena de un año en la prisión de Alhaurín de la Torre por el 'caso Proinsa', relativo a la concesión de una licencia de obras en zona verde.
Asimismo, han sido citados hoy a declarar los ex concejales Marisa Alcalá, Francisco Javier Lendínez y José Luis Fernández Garrosa, que formaban parte de la comisión de gobierno del Ayuntamiento de Marbella que autorizó la construcción del establecimiento hotelero.
Ecologistas en Acción denunció a finales de 2003 que el Ayuntamiento marbellí había desobedecido un requerimiento de la Consejería de Obras Públicas de la Junta de Andalucía que ordenaba la paralización de las obras de este hotel. Según la organización ecologista, el informe de los técnicos municipales de Urbanismo evidenciaba que el proyecto no se ajustaba al Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de 1986 y que tenía irregularidades urbanísticas en cuanto a las alturas, densidad y ocupación.
El terreno donde se construía el establecimiento fue cedido por los promotores y propietarios de la urbanización Alhambra del Mar al Ayuntamiento para zona pública y cultural, que en 1998 lo vendió a la empresa Proinsa por 2,6 millones de euros, que a su vez la vendió a Hoteles Playa en 2000 por 15 millones de euros
La comisión gestora del Ayuntamiento de Marbella ordenó el pasado 2 de mayo precintar el inmueble que alberga el hotel Senator y una promoción de un centenar de viviendas, al tratarse de una obra sobre la que pesaba una suspensión cautelar que no se había cumplido.
La Junta impugnó la licencia tras su concesión y la sala de lo contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) en Málaga ordenó la suspensión cautelar de la obra, aunque el Ayuntamiento no la acató en ese momento y cuando lo hizo el edificio estaba prácticamente terminado.
El Ayuntamiento concedió en 2002 una licencia de obra para la edificación de un hotel de cuatro estrellas y 99 viviendas y locales comerciales, a pesar de que la parcela estaba calificada como equipamiento social, según explicó en su día el vocal de Urbanismo, Rafael Duarte.
